Brasil: ¿Instituciones contra elecciones?
Dilma Roussef fue destituida con base en una “acción soberana” del Parlamento, que decidió apartarla por un maquillaje presupuestario que ella y todos sus antecesores practicaron habitualmente. La exclusión de Lula podría apoyarse en nuevas legislaciones que se proponen impedir la participación política de condenados por delitos que hasta ayer ni siquiera eran juzgados. ¿Es el medio jurídico al auxilio de objetivos políticos que de otra manera no serían posibles?
La pregunta surge cuando se ve que en simultáneo se sancionan nuevas normativas administrativas y leyes que tienden a salvar el patrimonio de Odebrecht, y otras empresas en situación similar, acusadas de cohecho en toda América latina, y hasta en países africanos. El propio Marcelo Odebrecht, Ceo de la megaconstructora, fue beneficiado con prisión domiciliaria y la reducción del periodo de reclusión que ordenaba la condena.
La decantación de los procesos, más allá de proclamas anticorrupción o protestas de “politización” de la Justicia, trae a la discusión el problema del distinto trato que se asigna a corruptos y corruptores. La diversa valoración que se da a las acciones de dos partícipes necesarios en el delito que atrae la atención y el repudio de las multitudes, lleva a dudar del principio de imparcialidad de la Justicia.
Lula fue señalado por la prensa brasileña como “agente de viajes” de Odebrecht cuando la empresa logró adjudicarse la construcción del puerto cubano de Mariel, sobre el Atlántico, desplazando a empresas chinas y europeas. Y es un hecho objetivo que el mayor despliegue de esa compañía y de otras cuatro o cinco megaempresas brasileñas se dio durante las dos presidencias de Lula (2003-2010). Entonces, los gobiernos “amigos” del expresidente facilitaban a su vez la entrada de Odebrecht en todas las obras públicas más importantes de cada país.
La clase dirigente brasileña, en esta ocasión a través de su Poder Judicial, parece estar administrando cuidadosamente el riesgo político de prohibir la participación electoral del candidato del PT. Ya había hecho algo similar antes, a través del Congreso, cuando consideró la destitución del presidente Temer, acusado de hechos de corrupción mucho más graves y evidentes que los que llevaron a Lula ante los tribunales. Sobre la hora de la última votación, prevaleció la mayoría de los que pensaban que ─a despecho de cualquier delito─ no procedía expulsar a Temer en el momento en que impulsaba leyes trascendentales para un programa económico de severísimo ajuste. Y eso sucedió por dos veces consecutivas. Las dos oportunidades de apelación que tendrá Lula, ¿concluirán de la misma forma?
