Superpoblación en cárceles federales
Según un estudio realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, en las cárceles de todo el país que dependen del Servicio Penitenciario Federal hay una superpoblación de detenidos, ubicando así al sistema carcelario en una situación sin precedentes en la historia penal argentina.
Datos oficiales revelan que el total de detenidos en las unidades federales, en el último trimestre del año pasado, llegó a 11.824 personas, y de acuerdo con estimaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación, organismo creado en 2003 para velar por los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad, comprendidas dentro del régimen penitenciario federal, el exceso de población carcelaria es de un seis por ciento, mientras que sólo cuatro de cada diez detenidos tienen condena firme. Según este organismo nacional, la tendencia creciente que muestra la tasa de ocupación carcelaria entre 2014 y el tercer trimestre de 2017 se debe a “la privación de la libertad de mujeres embarazadas o con hijos” y también al “uso exacerbado de la prisión preventiva”. Así lo señala en el último informe elaborado por la Procuración que se titula “La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de Argentina” donde se plantea la necesidad de “la urgente la aplicación de estrategias que reduzcan el encarcelamiento masivo”.
Vale recordar que el artículo 18 de la Constitución Nacional señala que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”, de manera que también es necesario analizar con detenimiento cuáles son las causas que llevaron a esta superpoblación de detenidos. La Procuración Penitenciaria de la Nación entiende que este problema está más relacionado con la implementación de estrategias de endurecimiento punitivo, más que por el agravamiento del delito y la criminalidad. En ese sentido, el informe del organismo advierte sobre el uso sistemático de la prisión preventiva, la baja utilización de las medidas alternativas a la cárcel, la reducida aplicación de institutos de libertades anticipadas, la presión de la opinión pública en los actuales debates acerca del binomio seguridad/inseguridad, entre otros indicadores que permiten entender el aumento en el número de detenidos.
El problema es que, según la Procuración Penitenciaria de la Nación, las proyecciones futuras de este fenómeno no son muy alentadoras, ya que la ley 27.375, recientemente promulgada, introduce numerosas modificaciones a la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, al igual que sobre ciertos aspectos del código penal. Entre sus novedades —observa el informe de la Procuración— se destaca la eliminación de la progresividad de la ejecución penal para la mayor parte de los condenados y su reducción a su mínima expresión para el resto. En particular, plantea la imposibilidad para determinados delitos del acceso a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida ampliando considerablemente la lista de delitos excluidos de estos derechos. “Se trata de una nueva legislación que supone importantes restricciones para el egreso de las personas detenidas, por ende resulta esperable que este endurecimiento punitivo infle los niveles de encarcelamiento”, advierte el informe del organismo nacional y remarca, a la vez, que el fenómeno de la sobrepoblación carcelaria en la actualidad constituye “un problema acuciante en varios servicios penitenciarios de Argentina que, de no abordarse de forma planificada y respetuosa de los derechos de la población presa, se verá agravado con la implementación de estas medidas regresivas”.
Por otra parte, el uso excesivo de la prisión preventiva —denunciado oportunamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la definió como “mal crónico que evidencia el fracaso de los sistemas de Justicia en la región”— que conduce a este aumento de la tasa de población carcelaria también se traduce en mayores erogaciones del Estado, de manera tal que es necesario revisar esta situación y proponer alternativas viables que permitan reducir los índices de encarcelamiento, porque la privación de la libertad debe ser, de acuerdo con lo que exige la Constitución nacional, una medida extrema y excepcional.
