La inclusión financiera, una materia pendiente
Son cada vez más los países que asignan una mayor importancia a la inclusión financiera, por considerar que se trata de una valiosa herramienta que permite mejorar la calidad de vida en los sectores de la población que permanecen al margen de la economía formal. En la Argentina, que tiene alrededor de un tercio de la población en situación pobreza, todavía es una materia pendiente pese a que se trata de un tema que adquiere relevancia en el contexto internacional.
En un reciente informe, la Organización de Naciones Unidas observa que la inclusión financiera no solo facilita allana el camino hacia la economía formal a un mayor número de personas, sino que además abre las puertas a beneficios que van más allá de lo estrictamente económico. Cabe recordar que se entiende por inclusión financiera al conjunto de medidas que garantizan el acceso a una variedad de productos y servicios financieros útiles, como pagos, transferencias, ahorro, seguros y crédito, a personas y pequeños emprendimientos que, por distintas razones, permanecen en la informalidad.
A nivel mundial este tema ha tomado un nuevo impulso de la mano de la ONU que en 2015 lo incorporó a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Según los expertos del organismo internacional, estos servicios son de gran utilidad para las familias de los sectores más vulnerables ya que les permite acceder al crédito a tasas razonables y evitar los préstamos con intereses usurarios que se manejan al margen de la economía formal.
En una visita oficial que hizo al país hace un par de años la reina de Holanda Máxima Zorreguieta, en su calidad de asesora especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre Inclusión Financiera para el Desarrollo (UNSGSA), destacó la importancia de promover una estrategia nacional que permita avanzar en este campo. Pero para los investigadores del Conicet y especialistas en este tema, Martín Grandes e Ignacio Carballo, en tanto, es imperativo que se oriente la política de inclusión financiera no sólo a la bancarización o para facilitar el uso de la tecnología en la operatoria financiera de los más vulnerables, sino también para eliminar las barreras al financiamiento local y fondeo de las instituciones microfinancieras, trabajar en la coordinación de los diversos agentes y organismos financieros del sector público, y dirigir un esfuerzo considerable en las microfinanzas hacia fines habitacionales. Ambos investigadores remarcan también la necesidad de vincular la inclusión financiera con una dimensión crítica de la pobreza estructural: el déficit habitacional. En ese sentido, observan que cuando se piensa a las microfinanzas como un antídoto contra la pobreza, se deben incluir indefectiblemente las múltiples facetas que aquella representa, y recuerdan que en Argentina hay 3,5 millones de hogares que padecen de algún déficit habitacional según el censo 2010. De ellos, 2,2 millones aproximadamente padecen problemas cualitativos en sus viviendas, tales como hacinamiento, falta de cloacas, entre otros; mientras que —según un estudio de la Universidad Católica Argentina— la mayor parte de la demanda insatisfecha que se registraron tiene que ver, justamente, con la refacción, la ampliación o la terminación de una vivienda.
Uno de los problemas a resolver a nivel local es que Argentina se encuentra subdesarrollada en términos de bancarización. Según Grandes y Carballo, nuestro país presenta niveles tanto por debajo del promedio mundial (52%) como del de América Latina (51%), aunque aclaran que esto no implica que no se hayan logrado avances, ya que según el informe del FMI de 2014, Argentina fue el país que más bancarizó a los ciudadanos de menores ingresos. Mientras que en 2011 sólo el 19% de las personas más pobres tenía acceso a una cuenta bancaria, en 2014 dicha proporción trepó al 44%, superó las tasas de crecimiento promedio del mundo.
Debe coincidirse con estos investigadores cuando advierten que la inclusión financiera es una variable más amplia que la simple bancarización o el otorgamiento de microcréditos productivos a las personas de bajos recursos. Debe prestarse también una mayor atención a las nuevas tecnologías y la educación financiera, que son factores que no pueden estar ausentes a la hora de pensar un desarrollo económico sostenible con mayor igualdad de oportunidades para todos.
