Jornada electoral decisiva en Cataluña
Más de cinco millones de catalanes concurrirán hoy a las urnas en una jornada electoral que es clave para definir el futuro de esta comunidad autónoma, una de las más pobladas y con mejores ingresos per cápita de España, pero sacudida por una crisis que no registra precedentes en su historia reciente. Con sus votos los electores decidirán si la balanza se inclina a favor de los candidatos separatistas o de los que proponen seguir unidos a España.
Las encuestas preelectorales se multiplicaron en los últimos días y todas coinciden en que no se perfila un nítido ganador entre los cuatro candidatos que tienen mayores posibilidades de llegar al Gobierno. Si bien son 11 las listas que compiten, sólo los independentistas Oriol Junqueras (Esquerra Republicana de Catalunya) y Carles Puigdemont (Junts per Catalunya) y los constitucionalistas Inés Arrimadas (Ciudadanos) y Miquel Iceta (socialismo) tienen mayores chances en esta jornada. El que logre la mayor adhesión popular tendrá la difícil misión de sacar a Cataluña de una de las crisis más fuertes que sacudió a toda la península ibérica y que hizo mucho ruido en la comunidad política europea, cuyos líderes temen que un eventual triunfo de los separatistas alimente sentimientos nacionalistas en otras regiones del viejo continente, como las italianas de Véneto y Lombardía; Córcega en Francia o Baviera en Alemania, donde -con matices propios en cada uno de ellos- existen grupos separatistas que hacen hincapié en su identidad histórica y sus tradiciones culturales.
Para comprender mejor cómo han llegado a la actual crisis, vale recordar que el independentismo es un sentimiento que entre los catalanes tiene varios siglos. En la historia reciente, las aspiraciones de autonomía de Cataluña fueron reconocidas en la Constitución española de 1978 que, entre otras cosas, permitió a la región contar con un cuerpo policial propio, los Mossos d’Esquadra, y que la lengua catalana, prohibida durante los oscuros años del franquismo, sea reconocida como lengua oficial junto con el español. Pero hay más: la crisis que sacudió España desde 2009 y la decisión del Tribunal Constitucional español de anular en 2010 algunos puntos del nuevo Estatuto de Autonomía catalán, una suerte de Constitución regional, no hicieron otra cosa que echar más leña al fuego independentista de los últimos años.
En octubre pasado, el gobierno de Carles Puigdemont -luego destituido- organizó un nuevo referéndum, que se llevó a cabo sin reconocimiento de Madrid y fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español, para después ir más allá al impulsar a fines del mismo mes una declaración independentista en el Parlamento en Barcelona. En respuesta a ese desafío, el gobierno de Mariano Rajoy intervino la autonomía de Cataluña, destituyó a Puigdemont y convocó a las elecciones de esta jornada, en una jugada que no tenía antecedentes en 40 años de democracia.
Los últimos sondeos que miden la intención de voto de los catalanes anticipan que ni los independentistas ni los constitucionalistas alcanzarán la cantidad de escaños suficientes en el Parlamento para poder formar gobierno, por lo que se cree que ese proceso podría ingresar otra vez a un callejón sin salida y hasta forzar unas nuevas elecciones. Un reflejo de la inestabilidad política que se generó a partir del terreno ganado por el separatismo con las cuatro elecciones autonómicas que Cataluña celebró en los últimos siete años, a lo que debe agregarse el impacto que genera el hecho de que son 30 los años de prisión con los que puede castigarse el delito de rebelión que se imputa a Puigdemont y todos los miembros de su gobierno, destituido el 27 de octubre pasado.
La voluntad popular decidirá si el proceso independentista cobra fuerza o, por el contrario, se diluye en una región que necesitará un enorme esfuerzo y nuevas formas de hacer política para poder salir de su galimatías.
