El imperativo de la transparencia
Según datos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que forma parte de la Procuración General de la Nación, en los últimos tres años se registraron alrededor de 4500 sumarios internos que involucran a empleados estatales y funcionarios que se desempeñan bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional en prácticas sospechadas de corrupción y en cuestiones disciplinarias.
Vale recordar que esta Procuraduría es una fiscalía especializada del Ministerio Público Fiscal que se encarga de investigar irregularidades y delitos en el seno del Poder Ejecutivo Nacional. Realiza investigaciones preliminares, impulsa e interviene en sumarios administrativos y actuaciones judiciales en los cuales se investigan irregularidades administrativas y delitos de corrupción que, se sospecha, podrían haber sido cometidos por agentes de la administración pública nacional. Es, como se dijo, un órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por personal que integra organismos centralizados, descentralizados o entes en los que el Estado tiene participación. Vale aclarar, además, que no tiene competencia sobre casos de este tipo que sucedan en los Poderes Legislativo o Judicial de la Nación, como tampoco en las instancias de Gobierno provinciales o locales.
En este caso y a partir de los datos que tomaron estado público, se sabe que son denuncias internas iniciadas en los últimos tres años y que los motivos que pusieron en marcha las investigaciones tienen que ver con actos de mala conducta hasta maniobras de corrupción. Según el trabajo realizado por esta Procuraduría, la Policía Federal es la institución que registra el mayor número de sumarios, con 1391 en total, seguida por la Armada con 626 casos; el Ejército con 205 casos de mal comportamiento, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que registra 203 denuncias y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) con 157 sumarios internos.
Lo que llama la atención, entre otras cosas, es el aumento significativo de la cantidad de sumarios que se observa entre los años 2015 y 2017. Entre las razones que explican este crecimiento está el hecho de que a partir del año pasado tanto las Fuerzas Armadas como el Ministerio de Seguridad de la Nación están obligadas a dar cuenta formalmente de este tipo de actuaciones iniciadas dentro de cada una de estas dependencias. Se tiene así que mientras en 2015 se iniciaron 700 sumarios internos, al año siguiente esa cifra trepó a 1612, mientras que este año llegó a 2165.
Pero más allá de los números, la actuación de la Procuraduría también arroja resultados concretos: siendo parte acusadora en el sumario administrativo sustanciado contra agentes de la Aduana que se originó en un importante caso de contrabando de efedrina a México, logró que los sospechados fueran cesanteados de la función pública.
La Afip, en un primer momento, había sancionado a los empleados sumariados con treinta días de suspensión y, fue a raíz del recurso jerárquico interpuesto por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que las autoridades de la Afip agravaron la sanción impuesta de suspensión a cesantía.
En este punto, cabe preguntarse qué sucede en la provincia del Chaco con los casos en los que se sospecha que hay corrupción, y en ese sentido es lícito preguntarse también qué señales emite la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en estos tiempos en los que la ciudadanía demanda una mayor transparencia y exige una correcta administración de los recursos públicos. Es necesario que se trabaje en función de las expectativas que los ciudadanos tienen en los organismos de control dando respuestas que permitan mejorar la transparencia en todos los ámbitos del Estado. Si se avanza en esa dirección, seguramente se estará contribuyendo a consolidar la legitimidad de los funcionarios públicos, de los gobiernos y, lo que es también importante, del sistema político en general.
