El flagelo de la corrupción
Según el último informe publicado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional, en la Argentina el 16 por ciento de los ciudadanos reconoce que alguna vez pagó un soborno para poder obtener alguna ventaja en algún servicio público. Así lo revela el documento titulado Barómetro Global de la Corrupción que fue redactado a partir de un arduo trabajo de recolección de datos realizado en 20 países de América Latina y el Caribe para conocer sobre experiencias directas de corrupción en los servicios públicos y sobre las percepciones que la propia ciudadanía tiene respecto a la magnitud de este flagelo.
El informe señala que en los últimos años se han observado en la región de América Latina y el Caribe tendencias preocupantes, que incluyen el deterioro de los derechos humanos y el debilitamiento de las instituciones. Para llegar a esta conclusión la organización no gubernamental Transparencia Internacional consultó entre los años 2015 y 2016 a más de 22.000 ciudadanos de países de la región. En el capítulo argentino, el sondeo reveló que un 16 por ciento de los consultados admitió haber pagado coimas para ver facilitado el acceso a algún servicio. A nivel regional, en tanto, la encuesta concluyó que uno de cada tres latinoamericanos pagó un soborno entre 2015 y 2016. Un repaso por los resultados del estudio permite ver que los índices varían según el país evaluado. Así, se tiene que México (51%), República Dominicana (46%) y Venezuela (38%) son los países donde más se registraron sobornos en el período que se tomó para el análisis. En Argentina, como se dijo tanto, ese porcentaje llegó al 16%, mientras que en Brasil fue del 11% y Trinidad y Tobago registró un 6%.
Según este estudio de Transparencia Internacional, a nivel regional, los servicios sanitarios ocupan el primer lugar en el ranking de servicios públicos que presentan mayor incidencia en materia de corrupción, con un 20% de personas que reconocen haber pagado un soborno para poder acceder a un tratamiento. En México y Venezuela, entre el 31 y 40% admitió que alguna vez actuó de esa forma. La educación (a nivel regional) es otro de los servicios donde se advierten prácticas reñidas con la ley: según este sondeo un 18 por ciento de los encuestados reconoció haber pagado sobornos en este rubro, siendo México el país donde se registró el indicador más alto de este problema. Siempre hablando de datos a nivel regional, se tiene que también el servicio de Justicia quedó bajo la lupa con el 12% de ciudadanos latinoamericanos que pagaron una coima para beneficiarse en la justicia. En este punto, la encuesta demostró que Honduras y Venezuela son los países con los porcentajes más elevados (56% y 36% respectivamente) en este rubro.
En Argentina, los mayores casos se dan con la policía: entre el 11 y 20% de los encuestados dijo haber ofrecido dinero a algún miembro de una fuerza de seguridad a cambio de un favor. De todos modos, debe señalarse que nuestro país no encabeza el ranking en este rubro, que tiene en lo más alto de este triste podio a Venezuela, donde entre el 41 y 50% de la población reconoció haber ofrecido algún tipo de soborno. En el apartado donde la encuesta interroga para saber si los hombres o las mujeres están más predispuestos a pagar algún tipo de soborno, se observa que en esta cuestión el asunto está parejo ya que el 28 por ciento de ellos dio una respuesta afirmativa, mientras que entre las mujeres esa respuesta alcanzó el 27 por ciento. Según una estimación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en países de América Latina se pierde, debido a prácticas corruptas, una cantidad de dinero hasta diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para promover el progreso y el bienestar de las comunidades.
Debe recordarse que estamos ante un fenómeno complejo que involucra a funcionarios de gobiernos, directivos de empresas y también a distintos actores de la sociedad civil. Lamentablemente, es un flagelo que está presente en la vida cotidiana de la mayoría de las personas y por eso es importante que se tome conciencia sobre la necesidad de luchar de manera frontal contra estas prácticas que atentan contra el bien común.
