Corrupción, el talón de Aquiles de la Argentina

El último informe elaborado por la organización Poder Ciudadano, titulado “Corrupción y Transparencia” sostiene que en la Argentina existe una matriz de corrupción que atraviesa al sistema político, judicial y empresarial; y advierte que cada uno de estos actores participa, de alguna forma, en las causas que la producen. “No existen leyes mágicas, ni funcionarios superpoderosos. Lo que se precisa es un sistema de integridad: leyes de calidad, funcionarios probos, empresas comprometidas, una Justicia independiente, eficiente y especializada y organizaciones de la sociedad civil demandantes”, plantea el documento que analiza en detalle la situación de Argentina frente al lavado de dinero y las deudas institucionales y políticas en materia de ética pública.

Por otro lado, un reciente trabajo elaborado por la Universidad Austral que aborda esta problemática también plantea que la corrupción es un mal que atraviesa a toda la sociedad, y si bien reconoce que el país mejoró su posición en ranking internacional, aclara en parte esto se debe a que otras naciones han decaído en la lucha contra el flagelo. Se trata del documento titulado “Indicadores internacionales de la corrupción en la Argentina” que llega a la conclusión que aunque los parámetros muestran una leve mejoría en 2016 respecto a los años anteriores, el resultado global del país “no es bueno”. El trabajo fue coordinado por el profesor de la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, Marcelo Bermolén, y se realizó tomando como base las mediciones de Transparencia Internacional, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y la Corporación Latinobarómetro.

En las conclusiones de este informe se observa que, en general, los argentinos perciben una disminución de la corrupción en el ámbito público y un mayor control o lucha contra este flagelo; pero a la vez expertos y empresarios advierten que no perciben mejora en la lucha contra la corrupción en el ámbito privado, por lo que entienden que ese mal sigue siendo un factor importante para limitar la capacidad de hacer negocios y con ello la integración al mundo y la generación de empleo. Un dato que no deja de llamar la atención es que, según este trabajo, es significativo el porcentaje de los ciudadanos argentinos que confiesan haber recurrido o estar dispuestos al soborno para acceder a servicios de prestación pública, por lo que debe coincidirse con lo que señalan los autores del informe cuando advierten que será un gran desafío persistir en la lucha contra la corrupción para los casos más resonantes del ámbito público y extender ese combate al ámbito privado y cotidiano de la ciudadanía. Es imperioso avanzar en ese sentido, porque las diversas modalidades de corrupción tienen un enorme costo para la sociedad; y así lo observó el propio Papa Francisco en el prólogo del libro Corrosión que se publicó este año en Italia y en el que se aborda esta problemática. “La corrupción sustituye el bien común por un interés particular que contamina toda perspectiva general”, sostuvo el jefe de la Iglesia Católica al reflexionar sobre este mal endémico que corroe la transparencia en la gestión del Estado. Según expertos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en los países de América Latina se pierde, debido a prácticas corruptas, una cantidad de dinero hasta diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para promover el progreso y el bienestar de las comunidades. En otras palabras, ese desvío de recursos afecta la calidad de vida de millones de ciudadanos que ven vulnerados sus derechos a una vivienda digna y al acceso a servicios de agua potable, salud y educación.

Está claro que las prácticas corruptas que afectan los recursos públicos postergan el desarrollo y el crecimiento armónico de las sociedades y de ahí la importancia de promover el control social a través de una participación más activa de todos los ciudadanos.