Rechazan cambios en Ley de Salud Mental
La iniciativa del Ejecutivo nacional para modificar aspectos sustanciales de la ley de Salud Mental 26.657 sumó esta semana nuevos rechazos en distintos puntos del país. Asociaciones que nuclean a profesionales con competencia en el área advierten que los cambios que propone el proyecto de decreto reglamentario que impulsa la Casa Rosada representan un retroceso en materia de derechos humanos.
Instituciones que agrupan a trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos y psicólogos coincidieron en observar que las modificaciones que el decreto reglamentario del Ejecutivo nacional pretende introducir en la ley nacional de salud mental, que se promulgó en 2010, será contraproducente para la reinserción y afectará los derechos de los usuarios de los servicios de salud mental a la autonomía para decidir sobre su vida y su salud. También cuestionaron que se utilice un decreto para impulsar las modificaciones, ya que entienden que los debates en torno a las reformas que se plantean deberían tener lugar en el Congreso Nacional ya que la norma que está vigente fue producto de consensos logrados con distintos sectores. El decreto del Ejecutivo nacional generó una fuerte polémica justo en momentos en que la Federación Mundial para la Salud Mental, que es un órgano consultivo de la Organización de las Naciones Unidas, acaba de designar al argentino, Alberto Trimboli, al frente de esa prestigiosa institución internacional. Al asumir como titular de esa federación, Trimboli —que es doctor en psicología— dijo que trabajará para que todos los países promulguen leyes de salud mental similares a la que ya tiene Argentina. Al conocerse la posición que tiene el experto, quienes cuestionan el decreto del Ejecutivo nacional se preguntan cuál es el motivo por el cual desde la Casa Rosada se quiere cambiar una ley que el titular de la Federación Mundial para la Salud Mental pone como ejemplo para otras naciones.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales planteó que la Ley Nacional de Salud Mental representó un avance fundamental para el reconocimiento de las personas con padecimiento mental como sujetas de derecho y para la sustitución del manicomio por tratamientos dignos, y aseguró que el proyecto de decreto reglamentario es un retroceso gravísimo en el respeto de los derechos humanos de este grupo de personas. Cuestionó además que se quiera llevar adelante esta reforma a través del decreto reglamentario cuando es evidente que trata de modificar los postulados centrales de la Ley Nacional de Salud Mental. En ese sentido, sostiene que por esa vía se evita la intervención del Congreso de la Nación en el debate, ámbito institucional para las modificaciones de este tenor.
Para la Organización Mundial de la Salud, salud mental es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Expertos del organismo explican que, desde esa perspectiva, se entiende que se trata del estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida.
Cabe recordar que en una charla que brindó en Resistencia el autor de la ley nacional 26.657, el psicólogo y exlegislador de Tierra del Fuego Leonardo Ariel Gorbacz, recordó que antes de ser sancionada, la ley había objeto de debate durante cuatro años en el Congreso de la Nación y a través de distintos mecanismos que habilitaron la participación de la comunidad. En esa oportunidad, explicó que la ley venía a garantizar es que las personas, aunque tengan un diagnóstico sobre su salud mental, sean consideradas ciudadanos con derechos. Es necesario que la sociedad tome conciencia del cambio de paradigma que plantea la ley vigente de salud mental en beneficio de las personas usuarias de esos servicios y, a la vez, que exija que los cambios que se quieran introducir en la norma sean producto de un debate en el Congreso de la Nación.
