No cede tensión entre España y Cataluña
A poco más de dos semanas de realizada la celebración del referéndum de autodeterminación de Cataluña, considerado ilegal por la Justicia española, la tensión política entre la Generalitat y el gobierno español, lejos de ceder, ha ido en aumento. El ultimátum que dio el Gobierno central de Mariano Rajoy al Ejecutivo de la región no hace más que confirmar la gravedad de la crisis desatada por el desafío independentista.
Algunos analistas del nuevo escenario que se configuró en la península ibérica consideran que hay elementos suficientes para sostener que la independencia catalana es inevitable; otros, en cambio, hacen notar que la posición adoptada por el Parlamento Europeo (al advertir a las autoridades catalanas que ningún país miembro de la Comunidad Europea reconocerá una eventual separación) puso un límite claro a las aspiraciones de los independentistas y revela que la pulseada entre el gobierno español y los separatistas catalanes continúa con final abierto. Sin el respaldo de la Unión Europea, los promotores de la escisión se vieron obligados a revisar estrategias, pese a que se sabía de antemano que era imposible pedir la bendición de la UE al proyecto catalán, simplemente porque las banderas independentistas plantean un problema clave para Europa: si se acepta la independencia de Cataluña, se corre el riesgo de alentar a movimientos nacionalistas que (con distintos matices e intensidades) existen en distintos países el viejo continente, y eso implicaría apostar a la desintegración de sus estados miembros y, por lo tanto, se estaría allanando el camino a la disolución del bloque regional. Bastantes dolores de cabeza está provocando ya la salida del Reino Unido en Bruselas, donde se dedican muchas horas del día a pensar cuál es la manera menos traumática de transitar el largo proceso de divorcio con Londres.
“La UE no puede permitir la desintegración de sus Estados miembros porque son su cimiento”, dijo el político alemán del partido Alianza 90/Los Verdes, Joschka Fischer, antes que el Parlamento Europeo hiciera pública su posición frente al conflicto entre Cataluña y España, anticipando lo que casi todos consideraban una verdad de Perogrullo. Todos, menos los independentistas catalanes que al parecer tampoco esperaban que grupos empresarios dieran la espalda a la Generalitat, provocando la salida de más de 900 empresas de Cataluña desde que se celebró el referéndum el pasado 1 de octubre. Pero a pesar de estos contratiempos, el presidente de la región, Carles Puigdemont, redobló la apuesta y dijo que asumía el “mandato del pueblo” para que “Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república”. Desde Madrid, la respuesta no se hizo esperar. El gobierno de Mariano Rajoy anunció que pondrá en marcha el proceso para intervenir Cataluña y desplazar al presidente regional, Carles Puigdemont, que a su vez volvió a amenazar con la declaración unilateral de la independencia si Madrid no abre un diálogo. Ante la posibilidad de que Madrid intervenga Cataluña, Puigdemont envió un mensaje a Rajoy señalándole que “pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía, indica que no es consciente del problema y que no se quiere hablar”. En las últimas horas, medios españoles remarcaban que Puigdemont pareció descartar la sugerencia del gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Socialista Obrero Español de convocar a unas elecciones anticipadas en Cataluña, como condición para frenar la aplicación del artículo 155 de la Constitución española que faculta al Ejecutivo a intervenir y a asumir en forma directa las competencias ejercidas hasta ahora por la administración catalana.
Mientras avanza el reloj de la cuenta atrás para una intervención a Cataluña, Europa y el resto de la comunidad internacional siguen con expectativa el desarrollo de una crisis que puede definir la suerte de los nacionalismos en un mundo cada vez más globalizado.
