Provincias cuestionan distribución nacional de programas de empleo
En los últimos días tomó estado público el malestar que existe en la mayoría de los gobiernos provinciales por la decisión de la Nación de avanzar, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, con el desfinanciamiento de programas de formación profesional y promoción del empleo para asignar más fondos a planes que hasta hace poco eran calificados como promotores de asistencialismo por parte de la administración Macri.
En rigor, los reclamos por este y otros temas ya habían sido presentados por los representantes de la mayoría de las provincias que participaron de la última reunión plenaria del Consejo Federal del Trabajo que se celebró en la ciudad de Posadas. Ese fue el escenario elegido por los delegados de las distintas jurisdicciones provinciales para unificar el planteo que, básicamente, consistió en exponer el fastidio que genera las escasas líneas de articulación que se tienden desde la cartera laboral nacional con las provincias. En el encuentro quedó en claro que la decisión del gobierno central de enviar recursos directamente a las organizaciones sociales sin pasar por las respectivas administraciones provinciales no termina de ser digerida por éstas últimas (aseguran que las transferencias directas a organizaciones sociales pasaron de 120 millones de pesos en 2015 a 900 millones de pesos en 2017), a la vez que se expuso la contradicción que significa que en los últimos años el gobierno nacional haya multiplicado el número de planes de asistencia social cuando antes de asumir al frente de la Casa Rosada se criticaba duramente a la administración kirchnerista de profundizar el asistencialismo con políticas de ese tipo.
La cuestión relacionada con la falta de financiamiento a programas de formación profesional y promoción del empleo también fue criticada por la mayoría de las provincias en el plenario del Consejo Federal del Trabajo, haciéndose notar que sobre una inversión proyectada de 6.000 millones de pesos, este año cerca de un 40 por ciento de esos recursos serán destinados a programas de asistencia social, cuando deberían de acuerdo a lo que establece la ley nacional de empleo vigente, la 24.013- destinarse a iniciativas que fomenten la creación de empleo y la capacitación laboral. En ese sentido, además, las provincias plantearon que a esto deben agregarse los fondos que destina el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que en los dos últimos años quintuplicó las altas de beneficiarios de los programas Argentina Trabaja, que agrupa a personas sin ingreso formal en cooperativas para ejecutar obras de infraestructura en sus comunidades, y Ellas Hacen, que nuclea en cooperativas a madres sin trabajo formal para que también realicen obras en sus comunidades, tales como instalaciones de redes y cañerías para la provisión de agua, electricidad, albañilería, acondicionamiento de lugares públicos o recuperación de espacios verdes. El problema que plantean las provincias es que, si bien la contención social a través de estos programas es necesaria, se han resignado fondos a los programas de formación profesional y promoción del empleo que apuntan a obtener resultados más allá de la coyuntura.
Otro de los temas que más preocupa a quienes desde las provincias tienen que dar respuestas a las demandas de trabajo es el desempleo que golpea a la franja más joven de la población, y el hecho de que los que son beneficiados con programas de asistencia no cuentan con prestaciones permanentes, como cursos o emprendimientos, que debe garantizar el Ministerio de Trabajo de la Nación, y por lo tanto reducen sus posibilidades de mejorar sus competencias y formación para el mundo del trabajo.
En el encuentro celebrado en Posadas, al que asistió el titular de la cartera nacional de Trabajo, Jorge Triaca, también se solicitó disponer de vacantes para líneas como Construir Empleo o Trabajo Autogestionado, ya que aseguran desde las administraciones provinciales- las personas que se asignan a esos programas son propuestos por organizaciones sociales.
En principio, fueron las provincias de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Tucumán las que plantearon su malestar por la forma en que la administración nacional realiza la distribución de programas de empleo, aunque también otros distritos se sumaron al reclamo. Es necesario que la Nación retome la modalidad con la que venía trabajando en la relación con las provincias con la firma de convenios para la distribución de programas de empleo, pero que ahora el gobierno nacional lo canaliza directamente a través de municipios.
