Goya solicitó la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena
El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Juan Carlos Goya pidió la prórroga de la Ley Nº 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, dado que este miércoles vence el plazo para su tratamiento en el Senado de la Nación. “De caerse sufriremos uno de las peores oprobios de esta época, que es ver a nuestros pueblos originarios sin acceso libre y soberano a la propiedad de sus tierras”, aseveró Goya en rueda de prensa.
Si el Senado no se ocupa del tratamiento de la Ley, “se pondría en riesgo jurídico a todas las comunidades originarias que están en situación de conflicto, entre los que abundan los litigios en la provincia del Chaco”, agregó.
Por ello, la Secretaría de Derechos Humanos, a través del subsecretario de Promoción de Derechos Humanos Julio García, ha interactuado con diputados y senadores nacionales y con representantes de diferentes etnias de la provincia, para analizar el reclamo.
“Una Nación que no respeta sus orígenes, ni la propiedad de sus pueblos originarios, muy poco destino le queda en seguridad y en avance en Derechos Humanos para todos sus habitantes”, aseveró Goya.
“Los derechos de los pueblos originarios son ancestrales. Vivieron sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, y hoy, el Gobierno nacional nos está negando la prórroga de la ley”, manifestó.
Por su parte, el subsecretario García realizó un llamado “a todas las fuerzas políticas con representación en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación, que no han facilitado el tratamiento y la aprobación de esta nueva prórroga, para que se hagan responsables del desalojo, el avasallamiento territorial”, señaló
Solicitó además “el reinicio de causas suspendidas en la región y en la provincia del Chaco, que implicarían también la persecución de procesos penales, donde muchos indígenas están imputados por usurpación de su propio territorio”.
“Pedimos a las fuerzas políticas, una respuesta racional, con una prórroga por cuatro años y la implementación del programa de relevamiento para que se reconozca la posesión y propiedad comunitaria de la que habla la Constitución Nacional y Provincial y los convenios internacionales que ha suscripto Argentina en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas”, concluyó.
