Compromiso en la lucha contra el trabajo infantil
Aunque la ley nacional 26.390 prohíbe, en forma taxativa, el trabajo de los niños menores de 16 años y pese a que el Estado argentino ratificó los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo referidos a este flagelo y adecuó la legislación sobre niñez y aspectos laborales a estas normas internacionales, todavía hay zonas del país donde la complejidad del fenómeno dificulta una adecuada fiscalización y control.
Una de las mayores dificultades en la prevención y erradicación de este problema es su invisibilidad y se sabe que en provincias de nuestra región, como Misiones por ejemplo, la estructura de minifundios que predomina en el sistema productivo de esa provincia hace más difíciles los trabajos de monitoreo para evitar que los niños realicen tareas que están expresamente prohibidas por la ley. Así lo reconocieron las autoridades misioneras, en una reunión que se realizó en Posadas en el marco del Consejo del Trabajo, al señalar que la lucha contra este flagelo encuentra dificultades debido a que en territorio misionero hay más de un millón de hectáreas productivas divididas en chacras de 25 hectáreas como máximo, que permiten elevados índices de trabajo infantil en quehaceres rurales como la cosecha de yerba mate. Por esta razón, Misiones anunció que incluirá en el presupuesto del año que viene una partida especial para optimizar la lucha contra este problema que afecta a toda la sociedad.
Se trata de un asunto que vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública debido a que en noviembre próximo la Argentina será sede de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil con un encuentro que se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, donde se abordará también la temática de la generación de empleo juvenil de calidad. En ese sentido, días atrás se celebró en Corrientes una de las reuniones preparatorias de esa Conferencia Mundial, donde al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) ratificó su compromiso para acelerar la erradicación del trabajo infantil en todas sus formas. Encuentros similares también se llevaron a cabo en Tucumán, San Luis y Misiones, por lo que es de esperar que los distintos actores sociales tomen conciencia de que el trabajo infantil priva a los niños de su infancia y los afecta en su desarrollo físico y psicológico; además les quita la posibilidad de asistir regularmente a clases y por lo general, el niño que se ve obligado a trabajar abandona sus estudios en forma prematura. Debe quedar en claro que aprovecharse del trabajo de un niño, además de ser una explotación, es un delito y por lo tanto debe ser sancionado como lo establece la ley.
Vale recordar que la norma vigente establece penas que van de uno a cuatro años de prisión para quienes sean encontrados culpables de aprovecharse económicamente de un niño o niña y señala que quedan exceptuadas aquellas tareas con fines pedagógicos o de capacitación. El texto de la ley aclara, además, que no podrán recibir sanciones el padre, madre, o tutor del niño obligado a ingresar en forma prematura al mundo del trabajo y, en este sentido, debe señalarse que lo que se buscó con este marco legal es evitar la explotación de los niños y no cargar las culpas sobre las familias que, muchas veces acuciadas por la falta de recursos, aceptan que sus hijos pequeños realicen todo tipo de tareas con el fin de sumar ingresos al hogar. Se trata de un problema social originado en una estrategia de supervivencia que, lamentablemente, es común en las familias más desposeídas. Es un problema que debe llamar la atención de los gobiernos, la sociedad civil, las familias y la comunidad educativa a fin de asumir, entre todos, un compromiso firme para lograr la erradicación de un flagelo que compromete el futuro de nuestros niños.
