Una economía hostil para el empresariado nacional
Un 80 por ciento de las empresas nacionales está actualmente trabajando a un 60 por ciento, o menos aún, de su capacidad productiva, y muchas de ellas son las principales perjudicadas por el modelo de apertura indiscriminada de las importaciones. Así lo revela una encuesta sobre expectativas económicas realizada en distintos puntos del país que indica, además, que el 65 por ciento de los responsables de las unidades productivas que dependen principalmente del mercado interno considera que este año la inflación superará el 25 por ciento, con todo lo que eso significa para el poder adquisitivo de los argentinos.
Los resultados del sondeo, encargado por el Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino creado recientemente para representar los intereses de las empresas cuya producción está orientada en su totalidad al mercado interno y que sostienen buena parte del empleo privado en la Argentina, enciende las luces de alarma sobre el rumbo que ha tomado la economía nacional con medidas que no hicieron otra cosa que generar un clima hostil para el empresariado nacional que no apuesta a la especulación financiera sino al trabajo, y que reclama una estrategia de desarrollo que beneficie a todos los argentinos.
La encuesta, que tomó una muestra de 300 emprendimientos, tuvo como objetivo determinar las variables cualitativas y cuantitativas de las unidades productivas que dependen fundamentalmente del mercado interno (cooperativas, profesionales, empresas recuperadas, pequeñas, medianas y grandes empresas) reveló que un abrumador 80 por ciento está trabajando a un 60 por ciento o menos de su capacidad productiva. Cabe aclarar que del total de emprendimientos que formaron parte del relevamiento, el 75 por ciento está conformado por pequeñas y medianas empresas que tienen, en promedio, 22 trabajadores cumpliendo tareas en sus instalaciones.
Consultados sobre la evolución de la inflación de precios, un 65 por ciento de los empresarios estimó que estará por arriba del 25 por ciento anual en 2017. Solo un 7 por ciento sostiene que los índices de inflación se enmarcarán dentro del objetivo de 20 por ciento o menos propuesto por el Banco Central y un 28 por ciento considera que estará entre un 20 y un 25 por ciento. Respecto al aumento del salario de sus trabajadores solo un 36 por ciento de los consultados confirmó que acordó ajustes paritarios por encima del 20 por ciento, consolidándose la pérdida de poder adquisitivo del año 2016 e incluso con amplias posibilidades de que suceda nuevamente en 2017. En tanto, un 18 por ciento de las empresas afirma haber despedido personal, variable incluso superior al 12 por ciento que registraron despidos en el primer trimestre de 2017. A la hora de evaluar el desempeño individual de las empresas en el marco del nuevo contexto económico nacional, un 39 por ciento considera que es malo o muy malo, un 38 por ciento regular y un 23 por ciento bueno o muy bueno.
Respecto de la opinión que tienen sobre las elecciones de medio término, un 66,3 por ciento considera que las elecciones legislativas no modificarán las condiciones de sus actividades, dando así una señal fuerte en términos de credibilidad de la política como instrumento de mejora económica o social. Entre los flagelos que padecen las empresas nacionales, un 52 por ciento de los encuestados dijo que su actividad se ve perjudicada por la apertura de las importaciones, el aumento desproporcionado de las tarifas y la fuerte caída del mercado interno.
A esto deben agregarse los distintos factores que debilitan a las pequeñas y medianas empresas de las economías regionales que se esfuerzan para sobrevivir a las nuevas reglas de juego impulsadas desde el poder central, que generaron condiciones muy desfavorables para el empresariado nacional, con créditos a tasas que parecen salvavidas de plomo, o la falta de políticas diferenciadas que tengan en cuenta las particularidades de las regiones. Un párrafo aparte merece el problema que representa la pesada carga impositiva que sobrellevan las pymes y el empeño de organismos como la Administración Federal de Ingresos Públicos que muchas veces terminan sofocando al quehacer productivo.
Es evidente que se está frente a un escenario económico y social que está muy lejos de recuperarse, en gran medida porque no se promueven políticas que apuntalen en serio el trabajo del empresariado argentino y que lo reconozcan como lo que es: un factor fundamental para el desarrollo del país.
