Peligrosa costumbre de estigmatizar a la infancia
Especialistas de distintas disciplinas coinciden en que no existen razones objetivas para afirmar que una reducción de la edad de imputabilidad, que en la actualidad está fijada en los 16 años por el Régimen Penal Juvenil vigente, permitirá mejorar la seguridad. Sin embargo, hace pocos días una entrevista difundida por un canal de televisión de alcance nacional, que no respetó los más elementales estándares de ética periodística, colocó frente a la cámara a un niño de tan solo 11 años en estado de vulnerabilidad que dijo ser autor de delitos graves, reforzando la falsa idea que asocia infancia y pobreza con el delito y la violencia.
La polémica nota, emitida por el programa Periodismo para todos, hizo caso omiso de todos los instrumentos legales internacionales y nacionales que protegen a los niños, y que incluyen también por supuesto a aquellos que podrían estar en conflicto con la ley penal. En un cuestionable ejercicio de la práctica periodística, el programa televisivo vulneró el derecho a la intimidad del niño con la difusión de su apodo (“Polaquito”) y lugar de residencia. A pesar de que se ocultó el rostro del menor con la técnica del pixelado, la difusión de esos datos fue más que suficiente para exponer ante toda la teleaudiencia a un niño en total estado de vulnerabilidad.
Es evidente que el tratamiento periodístico de este tema no fue improvisado y responde a una particular manera de ver el mundo, donde los niños, adolescentes y jóvenes de las zonas más pobres del país son vistos como peligrosos y violentos, prácticamente sin posibilidades de reinserción social. Pero lo más serio es que el tema fue abordado no por un ciudadano común en una mesa de café, con todo el derecho que tiene a expresarse, sino por un formador de opinión que utiliza un poderoso canal de TV que llega a una amplia audiencia, y cuya producción no tomó algunos mínimos recaudos como los que aconseja, por ejemplo, Unicef para realizar una adecuada cobertura de los temas de niñez y adolescencia en los medios de comunicación. En un peligroso juego con el que parecía querer alentar las reacciones más primitivas de la audiencia que reclama mano dura para los niños y adolescentes que delinquen, el programa en cuestión lamentablemente poco hizo para que los televidentes reflexionen hasta qué punto la sociedad adulta no acepta su responsabilidad en el proceso de formación de los niños. El enfoque de la nota contrasta también con las estadísticas que señalan que en la Ciudad de Buenos Aires, lugar desde donde se emitió el programa, sólo uno de los 175 homicidios cometidos en esa gran urbe durante el año 2015 fue cometido por un menor de 16 años. La omisión de estos datos, o el hecho de que la nota no haya incluido una diversidad de fuentes que permitieran abordar la incompetencia de la sociedad argentina para tener la respuesta adecuada ante el caso de un niño que está en conflicto con la ley, lleva a pensar que la intención del mensaje no fue otro que influir en la opinión pública en favor de la baja de la edad de imputabilidad o de las políticas represivas contra los sectores más vulnerables de la población. Detrás de un niño vinculado a la ley penal hay adultos que no cumplieron con las responsabilidades y obligaciones de garantizar su bienestar y el resguardo de sus derechos. Eso es lo que debía remarcar el informe periodístico, aportando datos que ayudaran a la audiencia a reflexionar sobre la complejidad de un problema, el de la delincuencia en edades tempranas, que siempre está asociado a múltiples factores. La asociación entre delincuencia, infancia y pobreza que promueve este tipo de coberturas periodísticas no hace más que estigmatizar a los niños de las familias más postergadas, y no ayuda a promover medidas que permitan integrarlos a la sociedad como personas productivas y responsables.
