El compromiso con los derechos humanos
Uno de los problemas de fondo que todavía no se resuelven en la Argentina es el movimiento pendular que exhiben las políticas públicas cada vez que hay un cambio de gobierno. Como si en el ADN argentino existiera una incapacidad para valorar la riqueza de los matices, en distintos ámbitos se tiende a simplificar la realidad y pensar que las únicas opciones son el blanco o el negro.
En estos días, la mayoría de los debates sobre las políticas de derechos humanos no escapa a esta lógica de sólo dos opciones, y desde esa perspectiva se cae en la trampa de enredar a la sociedad en discusiones estériles que pueden alejarla de uno de los consensos más sólidos logrados en democracia: la convicción de que la muerte del otro es inaceptable y que no debe haber impunidad para los que cometieron crímenes de lesa humanidad.
Para comprender mejor qué alcances debe tener el compromiso con los derechos humanos es importante recordar el contexto histórico y social global en el que se originaron. Fue al término de la Segunda Guerra Mundial cuando la comunidad internacional consideró necesaria una instancia supranacional que obligara a los Estados a garantizar ciertos derechos mínimos a los ciudadanos, para evitar que se repitieran los crímenes cometidos por el fascismo y el nazismo durante ese período oscuro para la humanidad. Así surgió la Organización de las Naciones Unidas que, luego de largas discusiones, dio al mundo en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad de pensamiento y de expresión, al trabajo, a la educación y a la salud entre otros. Con el paso de los años los distintos Estados firmaron y ratificaron distintos pactos, tratados y convenciones de derechos humanos a través de los cuales se comprometieron a adoptar medidas para impedir que se afecte el ejercicio pleno de estos derechos por parte de la ciudadanía.
En nuestro país, con el regreso de la democracia se inició un período en el que la voluntad colectiva ratificó la necesidad de que el Estado reconozca y garantice el cumplimiento de esos derechos. No fue una tarea sencilla, ya que en algunos períodos fue necesario que la opinión pública, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad misma ejercieran una fuerte presión para que se respetaran.
En la Argentina, el movimiento por la defensa de los derechos humanos tuvo su origen en la tragedia que vivió el país con la última dictadura cívico militar, pero a medida que se aleja la sombra de ese nefasto período nuevos desafíos agregan tensión al debate sobre la agenda actual de derechos humanos. La pobreza y los fantasmas sobre la precarización laboral que sobrevuelan no sólo en el país sino también en la región a partir de lo que se observa por estos días en Brasil, agregan fuertes matices a la discusión. Entonces, a la convicción de que el Estado no debe, bajo ninguna circunstancia, emplear la violencia para perseguir opositores y la certeza de que ninguna muerte es justificable, se añaden nuevos temas para debatir en torno a la efectiva realización de los derechos en la sociedad. El compromiso de toda la ciudadanía con el respeto de los derechos humanos debe servir para prevenir la repetición de prácticas aberrantes que fueron moneda corriente durante la dictadura, pero también para que los nuevos derechos que se conquisten se sumen a aquellos ya reconocidos. En ese sentido, debe entenderse que no se está ante el final de algo, sino frente a un punto de partida de la larga lucha por la defensa de la dignidad de todas las personas.
