Una medida insensible que perjudica a los más vulnerables
Uno de los peores pecados que puede cometer un gobierno es no tener la sensibilidad suficiente para distinguir con claridad cuáles son los sectores que pueden soportar el peso del ajuste en las cuentas públicas. La decisión de la gestión nacional de apelar a un viejo decreto del año 1997 para justificar la baja masiva de pensiones no contributivas por discapacidad, mientras permite que unos pocos saquen jugosas ventajas en el juego de la especulación financiera, confirma las enormes dificultades que tiene para dar a cada uno lo que le corresponde y para apreciar lo que puede dañar al tejido social.
No deja de llamar la atención que, aparentemente, nadie en el Gabinete nacional haya advertido sobre la injusticia que se comete al avanzar con la idea de quitar, de un plumazo, 83 mil pensiones por invalidez este año, sin previo aviso, y sin siquiera dar la posibilidad al beneficiario de demostrar que lo que cobra se ajusta a lo que establecen las leyes vigentes. Se argumentó que los titulares de estas pensiones no cumplían con algunos de los requisitos, lo que puede ser atendible, pero en todo caso lo que correspondía era analizar caso por caso para detectar posibles irregularidades. En rigor, lo que está detrás de este tipo de medidas que afectan a personas que están en una condición de vulnerabilidad estructural es un giro en las políticas públicas de protección social, que se inspira en la creencia que es el mercado el que tiene que poner las reglas de juego en la sociedad y no el Estado, que debe ser mínimo. De hecho, la decisión de dar de baja a estas pensiones fue una medida dictada durante el gobierno de Carlos Menem, en cuya gestión también se priorizó el libre mercado y, en esa línea, se sumaron condicionamientos para la entrega del beneficio. A partir del año 2003 en adelante se flexibilizó el acceso al beneficio, lo que permitió que los titulares de pensiones pasaran de 350.000 a 1,6 millón en esa década.
Ahora, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en manos de Carolina Stanley, hija de un banquero que presidió el Citibank en los años 90, esa cartera avanzó con el recorte de 170.000 pensiones, de las cuales 83 mil fueron en la primera mitad de 2017. Vale recordar que las pensiones no contributivas fueron pensadas para atender las necesidades de quienes no cuentan con recursos o bienes suficientes para su subsistencia y la de su grupo familiar. La Comisión Nacional de Pensiones es la encargada de gestionar pensiones a la vejez, por invalidez y para las madres de siete o más hijos, en carácter de derecho para quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad social. En lo que va de 2017, se eliminaron 5713 pensiones a madres con más de siete hijos y se suspendieron otras 5714, se dieron de baja 19.215 por invalidez y se interrumpieron otras 52.491. El total fueron 83.133 pensiones eliminadas o suspendidas solo por estos dos conceptos. El problema se agrava porque, según trascendió, en la mayoría de los casos las pensiones fueron suspendidas sin aviso y el beneficiario del programa recién se enteró que se había quedado sin ese ingreso cuando intentó cobrar el beneficio. En las últimas horas, distintas organizaciones que promueven los derechos de las personas con discapacidad criticaron la medida del gobierno nacional y señalaron que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no avisa a los beneficiarios en forma previa el cambio de situación, ni permite que haga su descargo para aclarar su situación patrimonial. Observaron, además, que quienes cobran estos beneficios están amparados por la Convención Internacional de Discapacidad que el país suscribió en 2014.
Entre las causas que se argumentaron para retirar las pensiones, se señalaron cuestiones relacionadas con el patrimonio, como la titularidad de un automóvil que generalmente tiene permiso por discapacidad, que el cónyuge tenga algún beneficio previsional actual, algún ingreso propio o no alcance el 76 por ciento de incapacidad para el acceso a la pensión. En tanto, un grupo de damnificados por el ajuste en las pensiones por invalidez presentó un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Viedma, Río Negro, para evitar las suspensiones arbitrarias. Es de esperar que se comprenda que lo que está en juego no son dádivas, sino derechos de personas que están en situación de vulnerabilidad.
