Preocupa el aumento de juicios laborales
El aumento de los juicios laborales que afectan a las pequeñas y medianas empresas genera una enorme preocupación en este importante sector de la economía, que se caracteriza por ser uno de los más dinámicos a la hora de sumar nuevos puestos de trabajo.
La magnitud que ha alcanzado la llamada “industria del juicio” pone en jaque a pymes de todo el país, que postergan la decisión de contratar trabajadores cuando demandas millonarias, en muchos casos sin los fundamentos para demostrar que el reclamo es justo, las pone al borde del cierre. El problema, que viene de larga data, afecta a un número significativo del entramado de pequeñas y medianas empresas distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Según datos del Ministerio de Producción, en el país hay 850.000 emprendimientos de este tipo, que representan más del 90 por ciento de las empresas registradas y dan empleo a más de 4 millones de argentinos. Son las responsables de casi el 70 por ciento del empleo formal que hay en el país, y si bien esta cifra revela la importancia que tienen en la economía, en muy pocos períodos de la historia reciente se adoptaron medidas para fortalecer este sector clave en el sistema productivo y fundamental para el mercado del trabajo. Por estos días, los altos costos laborales siguen siendo un obstáculo para la generación de empleo en las pymes, a tal punto que para estas empresas mantener a un trabajador en el sistema formal significa tener que pagar un 63 por ciento adicional.
Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre con las empresas de mayor envergadura y las compañías multinacionales que operan en el país, las pymes tienen dificultades para contratar un servicio de asesoramiento legal preventivo en materia laboral, a lo que debe sumarse el accionar inescrupuloso de quienes se aprovechan de la escasa protección que tienen las empresas más chicas y de un marco legal que, en rigor, algo alejado de la realidad actual ya que fue pensado en otro momento de la Argentina, en función de una gran empresa industrial, y que impone normas que muchas veces son de difícil cumplimiento. Así, las pymes que son las mayores generadoras de empleo genuino deben sobrellevar una pesada carga impositiva y, para colmo, sufrir los efectos del aumento de los pleitos laborales. Según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en lo que va del año solo en la jurisdicción de la Capital Federal ingresaron 33.000 demandas, lo que arroja un promedio de 100 juicios por mes y por juzgado. El problema es que en el año 2011 se habían presentado 58.000 juicios laborales; y al año siguiente ascendió a 63.000 demandas.
En 2013, la cantidad ascendió a 70.000; en 2014, a 78.000; en 2015 los juicios laborales pasaron la barrera de los 91.000 y, en 2016, 115.000. De acuerdo a las estadísticas, un 70 por ciento de los juicios se originaron en demandas por riesgos de trabajo, mientras que el 30 por ciento restante fueron por despidos y empleo no registrado. Se sospecha que un alto porcentaje de estas demandas se originan en denuncias fraudulentas, sobre todo en el caso de los juicios contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Es de esperar que se adopten medidas para bajar el nivel de litigiosidad, y se promuevan instancias intermedias como la conciliación laboral, un procedimiento que puede contribuir a resolver los conflictos sin comprometer la suerte de las empresas y los puestos de trabajo.
Las pequeñas y medianas empresas son una herramienta fundamental para la generación de empleo genuino en las distintas regiones del país, y todas aquellas políticas que se implementen para bajar el alto nivel de litigiosidad que las afecta y para fortalecer a este sector de la economía se traducirán en un saludable crecimiento de la producción local y un óptimo desarrollo del tejido social.
