Europa intenta limitar exportaciones argentinas
La Unión Europea avanza a paso firme con regulaciones ambientales para hacer frente a los efectos del cambio climático y, en ese camino, resolvió imponer regulaciones más estrictas para sus importaciones de alimentos. Las medidas, que se las presenta bajo el eufemismo de “mecanismos de compensación”, no son otra cosa que prácticas de proteccionismo, al que vuelven a apelar en el viejo continente para cuidar su mercado interno.
Todo parece indicar que en poco tiempo esta batería de regulaciones impedirá a empresas europeas importar alimentos de aquellos países que no se ajusten a las nuevas reglas de juego para el cuidado del ambiente en Europa, entre ellos la Argentina, que tiene exportaciones a ese continente por un total de 6000 millones de dólares anuales. No se trata de desconocer la importancia que en la actualidad tiene la lucha contra el cambio climático en cualquier punto del planeta, pero sería interesante ver hasta qué punto la Unión Europea está dispuesta a utilizar la bandera ambiental para maquillar políticas proteccionistas. Para poner las cosas en su contexto, debe recordarse que en 1993 la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) pasó a llamarse Unión Europea, un cambio de nombre que en cierta forma mostraba que lo que comenzó como una unión económica con aspiraciones de moneda única evolucionó hasta convertirse en una organización con decisiones en todos los frentes políticos, desde el clima hasta el ambiente y desde la salud hasta las relaciones exteriores y la seguridad, pasando por la justicia y la migración. Es en ese marco que se inscriben estas nuevas regulaciones ambientales.
En nuestro país, y a partir del nuevo escenario que se va conformando en las relaciones comerciales a nivel global, un reciente informe titulado ‘Impacto potencial de las restricciones europeas por fuga de carbono en las exportaciones latinoamericanas‘, las economistas de la Universidad del CEMA Mariana Conte Grand y Vanesa D‘Elía examinan los puntos vulnerables que presentan los países de América Latina ante estas medidas aplicadas por la Unión Europea para compensar posibles “fugas de carbono”. Según explican, se trata de un tipo específico de restricciones comerciales que, en teoría, están orientadas a nivelar asimetrías en cuanto a los compromisos asumidos para enfrentar el cambio climático entre países, en especial entre los desarrollados y aquellos en desarrollo. El fenómeno, añaden las economistas, consiste en disminuciones en las emisiones domésticas de gases de efecto invernadero por parte de los países europeos con políticas estrictas, que resultan más que compensadas con aumentos en los países que no tienen este tipo de regulaciones, como la Argentina, que podría sentir en el corto plazo el impacto de las restricciones. Según las autoras del informe, casi un 70 por ciento de las exportaciones que salen de los puertos argentinos con destino al viejo continente podrían verse perjudicadas, de una forma u otra, con la aplicación de estos mecanismos compensatorios. Claro que no todos los productos nacionales de exportación sentirán el impacto con la misma intensidad. La más afectada, según este informe, será la industria de alimentos. En ese sentido, advierten que los productos de la cadena agroalimentaria son los más vulnerable no sólo por la dependencia comercial que tiene con ese continente, ya que el 30 por ciento de las exportaciones totales argentinas de comestibles va a la Unión Europea, sino porque de todos los comestibles que se exportan a Europa 81 por ciento son bienes riesgosos, según observan las autoras del informe.
Frente a las críticas a este solapado “proteccionismo verde” que ensaya el viejo continente, algunos parlamentarios europeos defendieron estas prácticas señalando que sus políticas implementadas para hacer frente a los compromisos asumidos en las Cumbres del Clima ponen en posición desventajosa a sus productores frente a los de países en desarrollo que no hayan asumido esas obligaciones. Pero más allá de las argumentaciones europeas, lo cierto es que si la UE resuelve cerrar sus puertas a los productos argentinos, en el peor de los casos podría generar una pérdida de divisas de casi 6000 millones anuales, con todo lo que eso significa en términos de impacto a nivel local.
Si Europa insiste en aferrarse a estas políticas para frenar productos que considera “carbono-riesgosos”, como los denominan los especialistas, Argentina tendrá que adaptarse a este nuevo escenario alentando a las cadenas agroalimentarias y a los demás sectores que exportan al viejo continente a adoptar procesos más estrictos respecto del cuidado ambiental. No obstante, no debe perderse de vista que los líderes europeos se sentirán tentados de aplicar estas regulaciones bajo el maquillaje de la reducción de emisiones, para no reconocer que adoptan medidas para proteger a sus productores de la competencia que representan los países emergentes.
