Defensor del Niño, una asignatura pendiente
La ley nacional 26.061 creó en 2005 el instituto del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con competencia en todo el país, y pese a que el texto de la norma establece que esa figura debía estar en funcionamiento 90 días después de la sanción de la norma, pasaron 12 años desde ese momento y el cargo todavía permanece vacante.
Según la ley nacional, el defensor es el encargado de velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales, y tiene entre sus funciones interponer acciones para proteger a los niños en cualquier instancia judicial, velar por el efectivo respeto de sus derechos, supervisar entidades públicas y privadas que se dediquen a su atención y proporcionarles asesoramiento de cualquier índole a ellos y a sus familias. La tarea que debe cumplir quien ocupe el cargo no es menor, sobre todo en nuestro país donde se agudizó la pobreza, en flagelo que afecta a más del 45 por ciento de los menores de 14 años, según los últimos datos del Indec.
La ley 26.061 fue sancionada en 2005 por el Congreso de la Nación, con amplio consenso de los legisladores de ambas cámaras; pero luego el Parlamento dilató de manera inexplicable la conformación de la comisión bicameral que debe designar al defensor. En marzo pasado, un fallo de la Justicia Federal ordenó a diputados y senadores de la Nación que no demoren más el trámite, a partir de un amparo presentado contra las dos cámaras por un grupo de organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos de la infancia, y recién entonces se pusieron en marcha los mecanismos para avanzar en la designación, aunque todavía no hubo definiciones en relación al reglamento para la elección y los candidatos a ocupar el cargo. Para colmo, el año pasado la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ejecutó solo el 71 por ciento de su presupuesto, sobre 2.129 millones de pesos que tenía asignado, lo que no deja de ser preocupante porque se trata de una de las áreas claves del Estado nacional para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia. Las organizaciones no gubernamentales Fundación Sur Argentina, Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles, la Asociación Civil por los Derechos de la Infancia, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), entre otras, conformaron una agrupación llamada Infancia en Deuda para exigir que se cumpla con lo que establece la ley, es decir, con la designación de un Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y que la persona que ocupe el cargo, además de acreditar experiencia en la temática, se maneje con total independencia de los gobiernos de turno. En ese sentido, plantean que el proceso debe ser “riguroso y transparente” para que el funcionario o funcionaria que ocupe el cargo tenga plena autonomía del Poder Ejecutivo a los fines de establecerse como un organismo de control. El Congreso Nacional debe acatar lo que establece ley y por supuesto también respetar la decisión de la Justicia Federal cuando ordena que se designe, sin más demoras, a la persona que ocupará el cargo de Defensor del Niño. La sociedad espera que el Parlamento nacional avance en esa dirección y, de esa manera, salde la deuda con la infancia que ya lleva muchos años.
