Cada vez más lejos de la pobreza cero

Tal como se venía advirtiendo desde distintos sectores, las medidas de ajuste impulsadas por la administración Macri con recortes en áreas sensibles y despidos de trabajadores, sumados a la demora en reactivar la economía, la falta de inversión pública y la lógica contracción del sector privado en un contexto de achicamiento dieron como resultado un escenario social crítico agudizado por la desigualdad en términos de ingresos que golpeó con dureza a amplios sectores de la sociedad. El reporte del observatorio de la Universidad Católica estima que en el tercer trimestre del año pasado alrededor de 2,7 millones de argentinos se encontraban en situación de indigencia, es decir en estado de extrema pobreza viviendo prácticamente sin ninguna protección. Según estas mediciones la tasa de pobreza se disparó a un 32,9 por ciento en el tercer trimestre de 2016 lo que significa que el país tiene hoy cerca de 13 millones de personas por debajo de la línea de pobreza. En porcentajes, esto representa el 32,9 por ciento de la población total de Argentina, es decir que uno de cada tres argentinos volvió a quedar atrapado en una situación de alta vulnerabilidad y adversidad que compromete no solo su futuro sino el de toda sociedad.

En rigor, no deja de sorprender que en un contexto económico mundial desfavorable el equipo económico nacional haya insistido en aplicar al pie de la letra viejas recetas que promueven, entre otras medidas la apertura indiscriminada de las importaciones, que hoy son cuestionadas ya no solo en las naciones de la periferia sino también en los países centrales. El problema es que hoy el Estado nacional gasta casi lo mismo que en los últimos años pero con un agravante: hay más pobres. En parte, esto se explica por la colosal transferencia de recursos que hubo durante todo el año pasado desde los sectores más vulnerables a los grupos que concentran la mayor parte de la riqueza, bajo la ya conocida teoría del “derrame” que, está demostrado en la Argentina, nunca se tradujo en la apertura de pequeñas y medianas empresas, creación de nuevos empleos o de vida más digna para amplios sectores de la población. Al contrario, la decisión del gobierno federal de aplicar una política económica uniforme para todo el país sin tener en cuenta las particularidades de las distintas regiones, las complejidades de los procesos políticos y sociales de desarrollo que enfrentan localidades del interior profundo, no solo muestra el enorme desconocimiento de esa realidad que toma forma más allá de la General Paz sino que evidencia un nivel de amateurismo político que se torna más preocupante en un año de tensiones electorales donde las decisiones suelen adoptarse ya no pensando en términos de políticas públicas de largo plazo sino como parches para la coyuntura. "Estamos aprendiendo sobre la marcha", sinceró en su momento el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, al exponer en junio del año pasado en el Congreso de la Nación sobre el tarifazo de los servicios de electricidad y gas que noqueó de entrada a las familias de menores ingresos. Las promesas de mejoras en la economía del argentino de a pie para el segundo semestre nunca se cumplieron y el fantasma de los despidos, suspensiones y el cierre de empresas y fábricas volvió a sobrevolar como en los 90. Según un relevamiento realizado por el Centro de Economía Política Argentina, más de 249.000 puestos de trabajo fueron afectados tanto en el sector público como privado desde que asumió el gobierno de Cambiemos. Los datos aportados por este centro y por el Observatorio de la Deuda Social Argentina confirman que la economía no arranca y que el país está peor que antes. Es de esperar que prime el sentido común y que se rectifique el rumbo de la economía nacional para evitar que más argentinos sigan cayendo en la marginalidad. Acaso sea necesario traer aquí las palabras del premio Nobel, Joseph Stiglitz, quien advirtió que las consecuencias de la desigualdad son conocidas: altos índices de criminalidad, problemas sanitarios, menores niveles de educación, de cohesión social y de esperanza de vida.