Caso Casalboni: la vieja guardia judicial vuelve a cometer sus fechorías institucionales
Por Juan Manuel Pedrin-i Volvieron a sus viejas andanzas. Luego de un corto descanso, sectores conservadores y reaccionarios de la Justicia chaqueña, aliados históricos de la UCR provincial, volvieron a cometer otra de sus lamentables fechorías institucionales.
Mediante una medida cautelar repusieron en el cargo al intendente de Quitilipi, depuesto legítimamente por el Concejo Municipal. Son los mismos que entre otras perlitas:
a) Apañaron y justificaron el nombramiento de tres jueces del STJ en forma groseramente inconstitucional, al no respetar los concursos de oposición y antecedentes que la Carta Magna establece.
b) Violaron los derechos políticos y humanos de ciudadanas y ciudadanos del Chaco, un caso emblemático de tanta arbitrariedad fue la persecución revanchista contra una ciudadana intachable, como la exintendente y actual legisladora Elda Pértile, juicio que terminó lógicamente a su favor y en la CSJ de la Nación, en un fallo que debió haber abochornado al Superior Tribunal de Justicia.
c) Generaron un perverso sistema de selección de jueces, que distorsionó el instituto del amparo para direccionarlo hacia magistrados amigos. La destitución del intendente Casalboni se realizó luego de cinco severas observaciones que realizaran organismos de contralor a su administración.
Durante el procedimiento destitutivo se cumplieron escrupulosamente las disposiciones legales que en la materia instruye la ley Orgánica de Municipios del Chaco 4233, en síntesis fue un procedimiento realizado como la ley manda.
El Concejo Municipal de Quitilipi, en pleno uso de sus facultades legales, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, incluidos tres de los cuatro concejales de la UCR, resolvió en legal forma la destitución de un intendente cuya gestión además de severas irregularidades es rechazada por más del 70% de la población.
Nuevamente un sector judicial, rémora vergonzante del paso de la UCR por el gobierno provincial hace una década, en su afán de cumplir con las directivas partidarias del sector político que los designó en sus cargos, vuelven a violar la Constitución y las leyes.
