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Ponerse la camiseta, consigna de Peppo para todo su equipo

No solo se trató del equipo de directores regionales y de hospitales de salud sino, a la postre, de todo el gabinete que acaba de recibir una orientación del gobernador en una reunión plenaria que no fue convocada sin rondas sectoriales previas, que puede resumirse en su llamado al compromiso, a la actitud de servicio y a la transparencia de la gestión, con esta frase: “Ponerse la camiseta del Chaco”.

Peppo no omitió, por supuesto, que el año electoral vendrá cargado de riesgos en un escenario económico recesivo donde la provincia espera controlar el desafío de un gran aparato que exige mucho esfuerzo en cubrir las erogaciones salariales, y donde la canilla de los gastos corrientes solo puede estar en pocas manos, como también se advirtió a la red de intendentes municipales que la coparticipación de créditos y del propio fondo sojero tiene la obligación de volcarse a obras y servicios, pero no a pagar sueldos.

La reactivación de obras de viviendas que esperaron todo un año fondos nacionales comprometidos por la gestión anterior es un arranque dentro de la prioridad de preservar el empleo, y mereció un análisis paralelo de diputados provinciales con la secretaria del área, especialmente para buscar paliativos que no repitan las caídas textiles de TN Platex en el parque de Tirol y de Pampero, del grupo Cardón, en Fontana. Y en este sentido no hay ninguna estrategia nacional de ayuda para la recuperación de la cadena de valores del algodón, salvo algunas señales aisladas, pero lejos de cerrar importaciones que generan, sobre todo en indumentaria, una competencia demoledora para las pymes del sector. El desmote que se está iniciando, con la complicación adicional de lluvias que no cesan, procesarán lo que arroje una siembra inferior a las 100.000 hectáreas en la provincia que resigna así su histórico liderazgo algodonero.

Desafíos a la vista

La coyuntura está cargada de desafíos:

1) Fortalecer sin la puerta giratoria de médicos en el Perrando un sistema de salud que debe afianzar la contención en servicios del Gran Resistencia y del interior, en tanto la habilitación del nuevo gran Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña necesita resolver un abastecimiento de agua que es más delicado que el ensamble con el nosocomio viejo.

2) Reconocer que como fundamento de más inversiones y la preparación de un millar de policías que demandará todo el año, la seguridad tiene sectores marginales del Gran Resistencia que amparan al delito y son riesgosos, por su agresividad, para incursiones policiales a fondo.

3) Afrontar la siempre difícil paritaria docente haciendo hincapié en el soporte de las concesiones del ciclo 2016 y supeditar los acuerdos al fondo de incentivo realmente reforzado, además de los coletazos de movilizaciones ya anunciadas reclamando la paritaria nacional que el ministro Bullrich no quiere convocar.

4) Ajustar la gestión de Secheep con un encuadramiento tarifario de recuperación, lo mismo que Sameep, porque la tesorería no puede seguir con la mochila de subsidios en ambos casos y otra muy pesada, como el déficit del sistema jubilatorio, que empezará a recibir las primeras compensaciones parciales acordadas con la Nación, vía Anses.

(En cuanto al año electoral, se sabe que Peppo y Capitanich se unirán en buscar una renovación cabal en las bancas a disputarse, pero también convencidos de que el Frente Chaco Merece Más debe ajustar una participación de todos los partidos integrantes mucho más activa, sin especulaciones mediáticas, cerrando filas con la orientación del Ejecutivo.)

Novedades inminentes

El oficialismo desplegará un trabajo político que colocará como absoluta prioridad la aprobación del presupuesto 2017 con el financiamiento de su déficit de 3000 millones de pesos y buscará neutralizar algunos focos opositores muy intransigentes para llegar con dos tercios de los votos a aquel objetivo esencial de gobernabilidad. La broma periodística de “viajar con el sello y la lapicera en cualquier momento a Buenos Aires” es porque el gobierno provincial tiene confirmado el acuerdo con el Fondo Federal de Infraestructura que le permitirá disponer del financiamiento cancelado con el BNDS de Brasil, pero habilitado por la gestión del ministro Rogelio Frigerio, cuya firma inminente asegurará que se ejecute el 35% pendiente del segundo gran acueducto a partir de la planta de toma sobre el río Paraná.

El equipo del ministro del Interior confirmó también que ya están concedidos los ATN solicitados para municipios afectados por las inundaciones de enero. Mientras tanto, Peppo confía en que se supere el último escollo judicial para tomar posesión de La Fidelidad y convertir las 130.000 hectáreas del asesinado Manuel Roseo en el parque nacional El Impenetrable. De ese gran escenario y del proyecto sobre el desarrollo turístico nacional e internacional se hablará esta tarde cuando Peppo reciba a la delegación de embajadores que visita Corrientes, de los cuales los de Panamá, Nicaragua, Francia y la India estuvieron en NORTE a través de la fundación Alianza.

Al mismo tiempo, después de la feria judicial sigue a buen ritmo el pago a los judiciales que prevalecieron en el megajuicio y desde la Casa de Gobierno han acotado que los hechos demuestran que tenían razón sobre el cumplimiento de esa obligación no eludida (¿acaso no lo evidenció que Lilita Carrió cobrara sus honorarios profesionales?), pese al mal trato que en la opinión pública sufrieron los funcionarios responsables de una operación tan costosa como compleja.

Los bonos del exterior

Una interpretación sobre los bonos provinciales publicada por El Cronista vinculó al Chaco con un lote de cierto riesgo y no cayó bien en el equipo económico tanto por el hecho de que no hay ninguna nueva incursión en el mercado de capitales del exterior que se haya previsto y porque, además, el 15 de febrero se pagará la primera cuota de intereses del crédito tomado por 11 millones de dólares. (La Provincia tiene todo previsto para disparar las transferencias a la corresponsalía del Nuevo Banco del Chaco en Nueva York).

No obstante, la situación fiscal de la Provincia sigue en la mira con rigor y prudencia, a tal punto que Rodrigo Pena, secretario de Hacienda de la Nación, recibirá el martes a las 15 en Buenos Aires al ministro Cristian Ocampo, quien en la misma jornada participará del plenario de la Comisión Federal de Impuestos que renovará autoridades y el Chaco ya se aseguró una silla en el comité ejecutivo. El dato importa porque se abre el debate sobre una nueva ley de coparticipación federal, pendiente desde la reforma constitucional de 1994, en la cual ninguna provincia recibirá menos de lo que percibe hoy, según el subsecretario Paulino Caballero. Este dato es fundamental para el muy codiciado cuarto lugar en la distribución secundaria que el Chaco tendrá más que defender, llegado el momento, con uñas y dientes.

La polémica sobre la justicia vitalicia

también alquilará balcones en el Chaco

En la semana en que Isabel II cumplió 90 años con 65 de reinado en Gran Bretaña y sin señales de abdicar en favor de su hijo Carlos, quien lleva décadas en lista de espera, estuvo en los primeros planos la arremetida del gobierno de Macri, a través del ministro Gustavo Garavano, para que la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco abandone el alto tribunal al cumplir los 75 años; pero la magistrada consiguió a través de un amparo continuar en el máximo cuerpo judicial del país tras diciembre de este año cuando llegará a esa edad límite. Con el antecedente del caso de Carlos Fayt, que permaneció en la Corte después de cumplir 90 años, el amparo que acaba de concederse a la doctora Highton por parte del juez contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico es un primer round ganado, pues no se sabe si el gobierno nacional apelará esa medida, en tanto la mayoría justicialista en el Senado ya expresó que no está dispuesta a concederle un nuevo acuerdo para que siga hasta los 80 años.

En el Chaco hay indicios de que será bueno alquilar balcones para apreciar si la doctora María Luis Lucas, que integra el Superior Tribunal desde la recuperación democrática a fines de 1983 y a mediados de este 2017 cumplirá 90 años, consigue superar una ofensiva que cobró vuelo desde que la tesorería provincial iniciara los movimientos para pagar el megajuicio perdido en la Corte Suprema ante una resolución del alto cuerpo provincial que la doctora Lucas rubricó en 1991 -y es la única sobreviviente de los firmantes de esa disposición-, y que generó al no aplicar la “ley de enganche” la obligación de un gran desembolso, como ya ocurrió en un trámite parecido que enfrentó la administración de Angel Rozas, en 1998, en ese caso apelando al pago con bonos Quebracho -y baste recordar una maniobra de colocación que sufrieron algunos magistrados beneficiarios y que terminó en fraude-.

La primera denuncia contra Lucas que ingresó en la Cámara de Diputados solicitando que sea sometida a juicio político data del 21 de octubre de 2016, por parte del abogado Jorge Raúl Denis con el patrocinio de Aníbal José Hernández y Andrés De León. Se nos asegura que existe otra presentación en términos parecidos, además de pronunciamientos de organizaciones sociales que piden que, efectivamente, se remueva a la ministra del STJ.

El tratamiento de este caso estuvo presente en reuniones de alto nivel en el oficialismo chaqueño y sus legisladores han venido ajustando el enfoque con el consentimiento de los máximos niveles políticos que también sondearon la eventual posición de los diputados radicales que forman parte, como siempre, de la sala acusadora. En la Legislatura se ha conformado una comisión investigadora que preside el diputado Ricardo Sánchez, cuyo pronunciamiento puede abrir camino, o no, a ese juicio político. (En el PJ no se olvida cómo los radicales condenaron con máximo rigor en su momento a Elda Pértile para expulsarla del Tribunal de Cuentas e impedirle ocupar cargos públicos, del mismo modo que se presionó la salida del doctor Eduardo Omar Molina del Superior Tribunal que entonces era conducido por una mayoría cuya designación promovió Ángel Rozas, lejos entonces del régimen de concursos de antecedentes y oposición con que se incorporaron las juezas Iride Grillo (actual presidente del cuerpo) y Emilia Valle (procedente de Villa Ángela).

La reforma constitucional parcial del Chaco en 1994 en sus disposiciones transitorias permitió que los magistrados en funciones y que superaran los 70 años no se sometieran a la revalidación que, por otra parte, no se recuerda en ningún caso. La doctora María Luisa Lucas pudo continuar entonces y el doctor Guillermo Mendoza renunció.

Hay un detalle que puede pesar en el análisis de esa permanencia vitalicia de los más altos magistrados de la provincia en sus cargos: el justicialismo, que lleva nueve años desde que recuperó el gobierno de esta provincia (ocho de Capitanich y uno de Peppo), nunca puso una ficha gravitante en la corporación judicial. El radicalismo la sigue teniendo con el ministro Rolando Toledo, un hombre clave en los dos mandatos de la administración rozista. ¿Por qué no compartir, a la postre, el criterio del ministro de Justicia del gabinete de Macri?