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Una ley para terminar con la industria del juicio

Todo parece indicar que el próximo miércoles la Cámara de Diputados de la Nación convertirá en ley la reforma al sistema de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) que impulsa el Ejecutivo nacional y que ya cuenta con media sanción del Senado. A pesar de las duras críticas que recibió el gobierno nacional por su intento de avanzar con un Decreto de Necesidad y Urgencia, finalmente hubo acuerdos para aprobar una norma que ponga límites a la exagerada cantidad de litigios iniciados contra el actual régimen de ART que pone en jaque a muchas empresas.

El proyecto de ley establece, entre otros puntos, la obligatoriedad de la conformación de comisiones médicas jurisdiccionales que deberán pronunciarse en cada caso antes de pasar a una instancia judicial, en un intento por reducir la cantidad de juicios por accidentes de trabajo.

La llamada “industria del juicio” no solo tiene como objetivo a las empresas del sector privado sino que también afecta a organismos de la órbita estatal.  Cabe recordar que hace un tiempo  el municipio de Villa Ángela fue uno de los perjudicados por estas maniobras y acudió a la Justicia para denunciar los embates de estudios jurídicos que reclutaban empleados para denunciar hipoacusia laboral ante las aseguradoras de riesgos de trabajo.

En esa oportunidad, la llamativa cantidad de denuncias por enfermedades laborales recibidas por las empresas y municipalidades, estimadas en más de 3.000, llevó a un grupo asegurador local a promover una investigación que puso al descubierto la maniobra gestada por inescrupulosos.

Si prospera el proyecto en la Cámara Baja, se conformarán las denominadas comisiones médicas jurisdiccionales, como "instancia administrativa previa" antes que un trabajador apele a la Justicia en busca de una mejor indemnización. Los debates en torno a este y otros temas relacionados con el régimen de las aseguradoras tuvieron lugar durante todo el año pasado y a fines de 2016 se logró un primer acuerdo en el Senado, donde la CGT planteó algunas objeciones por lo que los legisladores de la Cámara Alta, en diciembre del año pasado, resolvieron introducir algunas modificaciones lo que permitió llegar a la media sanción con amplia mayoría. En enero pasado, la administración macrista tomó la decisión de impulsar la reforma a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia argumentando que se había producido un notable incremento en las causas judiciales porque muchos pretendían iniciar las demandas antes que se sancionara la nueva ley.

El DNU del gobierno nacional debía ser ratificado por el Congreso, pero el apuro de la Casa Rosada no cayó bien entre los legisladores, los gremios y otros sectores afectados por el proyecto que consideraron que fue un error del gobierno nacional convertir en ley mediante un DNU una iniciativa que ya tenía media sanción del Senado. En este escenario existía la posibilidad de que se cayera el polémico decreto de manera que finalmente el Ejecutivo decidió dar marcha atrás con el DNU y optó por convocar a una sesión extraordinaria para que sea el Congreso el que apruebe la norma.

El gobierno tiene ahora allanado el camino para la aprobación de la reforma del actual régimen de las ART y es de esperar que la nueva ley permita reducir la alta litigiosidad que se registra en torno a las indemnizaciones que pagan las aseguradoras, aporte una razonable previsibilidad en los costos de los seguros y, lo que es más importante, contribuya a mejorar la competitividad de las empresas, fortaleciendo los puestos de trabajo.