Macri y la doctrina migratoria de Trump
El marco del anunciado endurecimiento de las políticas migratorias que impulsa el macrismo, en un afán de mostrarse proactivo tras el caso Brian, el gobierno nacional anunció que cambiará la normativa para agilizar los trámites y poder expulsar del país a los extranjeros que cometieron delitos graves.
Así lo informó el subdirector nacional de Migraciones, Julián Curi, que reveló que entre 2005 y 2015 entraron al país dos millones y medio de extranjeros, mientras que sólo se expulsaron 30 personas en toda la década.
“No queremos cambiar el perfil de un país abierto a la inmigración, pero es imposible que se hayan expulsado sólo a 30, eso quiere decir que no se expulsó a nadie”, analizó el funcionario.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que esas cifras son tramposas, que no responden a la realidad, y afirmaron que más allá de los anuncios, el oficialismo no presentó proyecto de reforma alguno de la ley de Migraciones.
Desde principios de 2016 hay recurrentes anuncios sobre la importancia de reformar ese instrumento legal para que no ingresen inmigrantes con antecedentes penales o para expulsar a aquellos que los tienen, pero nunca se presentó una propuesta concreta o dieron un debate al respecto.
Lo que hay es una demagogia punitiva detrás de los migrantes, la estigmatización de que son peligrosos y que, como respuesta, el “Estado debe controlar la migración”. Según el subdirector Curi, Migraciones tiene la obligación de retirar la residencia y expulsar a los extranjeros condenados por delitos con penas mayores a cinco años de prisión, “pero en la práctica se hace imposible por los vericuetos del proceso recursivo, al que esta gente apela y así permanecen en el país por años”.
El director de Migraciones, Horacio García, declaró que el gobierno quiere saber quién es el que viene al país, en relación a los extranjeros con prontuarios criminales. “No estamos combatiendo al inmigrante, sino al delincuente o al que viene con propósito de delinquir”, expresó.
Pero como no hay manera de saber si una persona que ingresa a la Argentina cometió delitos en otro país, salvo que sea informado por Interpol, consideró que hay que analizar un cambio en la ley.
Sin embargo, desde el CELS enfatizaron que “el Estado tiene herramientas, la ley es rígida respecto de antecedentes penales tanto para el ingreso como para la residencia. El debate es cómo evaluarlos. Por ejemplo, cuando alguien tiene antecedentes pero también hijos argentinos”.
Cabe acotar, además, que no es cierto que se hayan expulsado sólo 30 personas en una década, ya que esa esa estadística no incluye a las personas rechazadas en frontera, que son muchísimas más, ni tampoco incluye a los que forman parte del sistema penitenciario, es decir personas privadas de libertad que aceptan la expulsión. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), que había celebrado en 2004 y en 2010 la legislación migratoria argentina, le reclamó al gobierno en diciembre del año pasado que no se adoptara ninguna medida que significase un retroceso respecto del marco normativo vigente.
Las invectivas del periodista Jorge Lanata contra jóvenes de otras nacionalidades que en proporción ínfima estudian en Universidades argentinas no fue replicada desde el gobierno ni por uno solo de sus intelectuales afines. Más grave aún es el proyecto de construir, en territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una cárcel para migrantes “indocumentados” o con sus DNI en trámite.
Es preocupante la reforma que plantean, siempre asociando a la migración con la delincuencia cuando son dos fenómenos totalmente diferentes.
La migración son personas que vienen a trabajar, quieren una mejor vida para ellos y su familia, y “claramente van a apuntar al compañero migrante más vulnerable”, dice Lourdes Rivadeneira, de la Red Nacional de Migrantes y Refugiados.
“Seguimos siendo el chivo expiatorio, antes era porque no había trabajo, ahora por la inseguridad, es un momento político de pura demagogia, y como no somos sujetos políticos, no se lo podemos cobrar en las urnas”, agrega.
Si el gobierno decide avanzar con esta reforma eludiendo nuevamente el Congreso estará dando señales graves: restringirá derechos humanos sin ningún control parlamentario y establecerá una política migratoria contraria a los compromisos internacionales asumidos.
Además, lo hará por una vía contraria a la Constitución, ya que regulará sobre materia prohibida para legislar por DNU y sin los requisitos exigidos.
Como ya ha ocurrido, esto evidencia un claro déficit democrático, que además, dar por con la notable frase del Preámbulo de la Constitución de 1853, mantenida en la reforma de 1994 “y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, cuando se encomendaba al Congreso promover la inmigración europea.
