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Freno al uso de agroquímicos

El glifosato es el herbicida más utilizado en los herbicidas fabricados, entre otros, por Monsanto, Syngenta o Bayer.

Frecuentemente, se lo promociona como un herbicida seguro; sin embargo hay muchas evidencias científicas que cuestionan su seguridad. Concretamente, es preocupante el incremento e intensidad de su uso en asociación con los cultivos transgénicos.

Por lo general, estos cultivos están mucho más contaminados con glifosato que los cultivos convencionales, debido de que están diseñados para soportar niveles extremadamente altos de Roundup (el pesticida estrella de Monsanto).

Pero sus efectos sobre la salud y el ambiente son el centro de grandes polémicas y existen cientos de estudios e investigaciones científicas, en el país y en el mundo, que prueban alta peligrosidad.

“Tenemos que prohibir el glifosato y empezar a hablar de agricultura ecológica porque si no nos vamos a morir todos”, aseguró sin eufemismos el presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), Jorge Yabkowski.

Es que ese herbicida se utiliza en fumigaciones de productos que consumimos a diario: soja, frutas, verduras, yerba y algodón, sólo para enumerar unos ejemplos. Cáncer, malformaciones, problemas neurológicos, respiratorios, infertilidad y abortos espontáneos son sólo algunos de los males que provocan los agrotóxicos, según los especialistas que rastrean denuncias hace años.

Hasta la Organización Mundial de la Salud se pronunció al respecto, al advertir en marzo de 2015 que el glifosato es “probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Partiendo de esta alarmante situación, durante este año se intentará promover la prohibición del glifosato en los cultivos de todo el país. Y para ello ya se logró un primer paso.

El fiscal federal Fabián Canda, del fuero Contencioso Administrativo de Capital Federal, solicitó a la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa Federal el dictado de una medida cautelar que busca suspender el uso del agrotóxico glifosato para fumigaciones aéreas.

Además, establece una zona de protección para la población de cinco kilómetros de ese herbicida en el caso de las fumigaciones terrestres. El fiscal le dio lugar a una causa iniciada a fines de 2012 en base a afectados por malformaciones y múltiples.

Se trata de la causa “Giménez, Alicia Fany y otros contra Ministerio de Agroindustria y otros”.

La jueza de primera instancia, Claudia Rodríguez Vidal, había denegado el pedido de los denunciantes (prohibición total del herbicida), pero la sentencia fue apelada. Es la primera vez que un fiscal federal solicita una medida cautelar de suspensión total del agroquímico más utilizado del país (200 millones de litros cada año, en 28 millones de hectáreas). En un dictamen de 29 páginas, y cargado de argumentos científicos y jurídicos, el fiscal Canda cuestionó el fallo de primera instancia por no haber tenido en cuenta los diversos informes que confirman las consecuencias del glifosato y alertó que no se aplicó la Ley General del Ambiente (25.675).

Entre las bases argumentales para suspender su uso toma, entre otros, informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), la Defensoría del Pueblo de la Nación y fallos judiciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (caso contra Minera Agua Rica, en Catamarca). También resalta la decisión de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud), que en 2015 vinculó el glifosato con el cáncer, y confirmó que produce daño genético en humanos.

En los últimos años se produjeron fallos de freno al uso de agrotóxicos en el Chaco, Formosa, Córdoba, Salta, Santa Fe y Buenos Aires. Pero los sectores del agronegocio aún argumentan que no hay pruebas de las consecuencias y se lo sigue usando indiscriminadamente, priorizando las ganancias económicas al cuidado del ambiente y de la salud.

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