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Recorte a los movimientos sociales

En línea con el pedido que hizo el presidente Mauricio Macri a fines del año pasado, en el Ministerio de Trabajo estudian un recorte de 1000 millones de pesos en distintos programas de reinserción social, entre ellos, los que tienen como intermediarios a los movimientos sociales que forzaron el año pasado la Ley de Emergencia Social.

Desde Barrios de Pie salieron a cuestionar el posible ajuste que pasará por los fondos de distintos programas en la cartera que conduce Jorge Triaca.

Un documento interno del Ministerio de Trabajo que trascendió esta semana indica para este año habría “un ahorro cercano a los mil millones de pesos”, en sintonía con un pedido que les hizo Macri a sus ministros en la última reunión del gabinete ampliado: “En la primera reunión del año que viene quiero que me traigan las diez cosas que van a recortar”.

Aunque no se conocen las listas de los otros ministerios, en Educación ya iniciaron el despido de 3.000 trabajadores.

En la lista de recortes de Triaca se encuentran una serie de planes que serían o anulados o cambiados sustancialmente.

Entre ellos, está el programa de Entrenamiento en el Trabajo e Inserción Laboral (570 millones de pesos en el presupuesto 2016), el Seguro de Capacitación y Empleo (200 millones), el Programa Empleo y Capacitación (36 millones) y el de Formación Profesional Pública (20 millones).

En el documento interno de Trabajo indican cuánto dinero hasta el año pasado se canalizaba a través a las distintas organizaciones sociales.

Barrios de Pie estaba a la cabeza de la lista con 11.348.619 pesos; la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) estaba segunda con 10.426.800; mientras que la Tupac Amaru de Milagro Sala figura con 7.832.600; la Martín Fierro, con 7.519.770; la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), y de Luis D’Elía, con $ 7.100.025;, y UyE, con 6.673.200 pesos. 

Más abajo en el ranking figuraba la Corriente Clasista y Combativa, que lidera Juan Carlos Alderete, con 5.992.650; el Movimiento Sin Trabajo “Teresa Vive” (MST), con 4.854.125; el Frente Darío Santillán, con 1.236.040; y la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas, con 531.360 pesos en 2016. Y 23.431.260 fueron canalizados a través de otras organizaciones.

Ya en el informe presentado por el macrismo llamado “El estado del Estado”, el Ministerio de Trabajo dejó trascender que su opinión sobre esos programas era que lejos de mejorar la productividad y empleabilidad de los participantes, fueron usados con una lógica clientelar: “Se priorizó el apoyo político de los participantes, pero no se les brindaron las herramientas para reinsertarse en el trabajo”, argumentaron en esa oportunidad.

Incluso citaron una encuesta de la Universidad Nacional de La Plata según la cual el 84 por ciento de los beneficiarios creía que este tipo de programas eran más un instrumento político que de reinserción laboral.

La idea del ministerio sería cambiar el rol de los movimientos sociales, que ya no canalizarían los programas, al tiempo que realizaría un recorte de gastos y crearía programas con mayores requisitos y con un perfil exclusivamente ligado a la reinserción laboral.

El rediseño, de prosperar tal como fue planteado en el plan de acción 2017, pondrá en riesgo el acuerdo sellado sobre el fin de año entre el Gobierno nacional y un núcleo de entidades sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la a Corriente Clasista y Combativa.

Con ellas, Triaca y su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley, pactaron los términos del proyecto de ley de Emergencia Social que terminó por ser aprobado en tiempo récord, a mediados del mes pasado, por el Congreso nacional y que prevé incrementar los recursos para sectores vulnerables en hasta 30.000 millones de pesos.

Avanzar en medidas que recortan el gasto hacia los sectores más humildes implica dejar a miles de familias sin una asistencia que actualmente no sólo es necesaria, sino hasta insuficiente.

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