El ministro de Seguridad Pública, Martín Nievas, destacó el trabajo “de todo el personal de la Policía y muy principalmente de la Dirección General de Investigaciones”, que detuvo ayer a Roberto Adolfo Alegre, principal sospecho del femicidio de su expareja, Ruth Daniela Acuña, quien era madre de tres niños.
A los intendentes del interior chaqueño se les sube la preocupación. Hablan entre ellos. Preguntan, responden. “Amigo, hay problemas con la gestión porque los costos fijos aumentan y la demanda va creciendo porque no alcanzan los recursos”, le dijo a este periodista un mandatario comunal de segunda categoría. Hay un problema, además, que se acentúa: la escasa recaudación tributaria que tienen y los incrementos de los combustibles y lubricantes.
Es imposible el enfoque de esta página sin sumarnos a la angustia por la suerte de los 44 tripulantes del submarino desaparecido, entre ellos un chaqueño, y la solidaridad de dos comunidades arrasadas como Pampa Almirón y Presidencia de La Plaza, en un azote climático como alguna vez vivimos con un tornado en General San Martín. El escenario político muestra a los gobernadores que acudieron al Congreso para que no se distorsione o se frustre el consenso fiscal que la Casa Rosada insistió en calificar como un hecho histórico. Recién llegado de Europa, el chaqueño Oscar Peppo se quedó en Resistencia pero sin apartarse de la huella enviando una vez más en su representación al ministro Cristian Ocampo, cuya investidura como presidente de la Comisión Federal de Impuestos le asigna una opinión en el marco de un renovado clima federalista, que se ha creado, aunque a decir verdad nada certifica que con el ejercicio de la responsabilidad fiscal se modifique toda la inflexible orientación del gobierno de Macri asentado en un centralismo cuyas señales abundan y visualizan un 2018 sin una recuperación efectiva de las economías regionales como la nuestra.
Una encuesta de opinión realizada en las principales ciudades del país por la Universidad Católica Argentina reveló que el 45 por ciento de los argentinos considera que la educación es el derecho más vulnerado entre los niños, seguido por el derecho a la alimentación (36,8 por ciento), el derecho a la vivienda (34,3 por ciento), el derecho a no ser maltratados (32,1 por ciento) y el derecho a la salud (29,5 por ciento), entre otros.
