Los cambios que introdujo la nueva reforma a la ley de salud mental

Durante la madrugada del viernes, la reforma de la Ley de Salud Mental obtuvo media sanción en el Senado con 42 votos a favor y 21 en contra. Patricia Bullrich tuvo que negociar con los bloques aliados y aceptar cambios en el proyecto impulsado por el gobierno de Milei.

El financiamiento de los servicios provinciales y la participación de los psicólogos en las decisiones sobre internaciones fueron los principales ejes de la discusión.

La iniciativa había llegado a la sesión con diferencias que el oficialismo todavía no había conseguido resolver. Aunque La Libertad Avanza contaba con el acompañamiento del PRO, la UCR y otros sectores dialoguistas, varios senadores condicionaban su respaldo a la incorporación de garantías presupuestarias y modificaciones en la integración de los equipos profesionales.

El proyecto ya había sufrido cambios durante su tratamiento en comisiones, pero Bullrich debió aceptar nuevas modificaciones para asegurar su aprobación y posterior giro a la Cámara de Diputados.

En detalle

La nueva redacción contempla la posibilidad de establecer convenios bilaterales para determinar los aportes destinados a implementar los cambios. Los recursos deberán coordinarse en el ámbito del Consejo Federal de Salud (Cofesa) y estarán orientados al fortalecimiento del personal, los dispositivos comunitarios y el desarrollo de la telemedicina, entre otras necesidades.

La implementación efectiva de esos compromisos dependerá de los convenios y los recursos presupuestarios disponibles, un aspecto que seguirá bajo discusión cuando el proyecto llegue a Diputados.

La otra concesión importante estuvo vinculada con la composición de los equipos profesionales encargados de evaluar las internaciones y las altas médicas. El texto consensuado establece que la evaluación deberá contar con un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y un segundo profesional que deberá ser psicólogo.

Además, se reconoció la participación de estos profesionales en las evaluaciones y las decisiones sobre el alta de los pacientes. La reforma también amplía los criterios para disponer internaciones involuntarias ante situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física de una persona o de terceros.

En los casos excepcionales en los que un solo médico indique una internación por riesgo grave, el plazo para revalidar la decisión mediante una evaluación interdisciplinaria pasa de 24 a 48 horas.