El Gobierno presentó el proyecto para actualizar el salario docente

El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley destinado a establecer un  régimen de actualización de los salarios docentes. La iniciativa surge después de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia en el conflicto generado por la interrupción de la cláusula gatillo dictada en marzo de este año, mediante la cual el máximo tribunal provincial ordenó al Gobierno adoptar medidas normativas y presupuestarias para avanzar hacia el reconocimiento legislativo de un mecanismo que garantice la integridad y actualización de las remuneraciones docentes.

El proyecto plantea que la actualización salarial deberá compatibilizar la preservación progresiva del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación con la sostenibilidad financiera del Estado provincial. En ese sentido, establece como principios la sustentabilidad presupuestaria, la compatibilización entre recursos permanentes y gastos permanentes, la protección progresiva del salario, la razonabilidad y gradualidad de las actualizaciones y la coordinación entre la política salarial y la disponibilidad efectiva de fondos públicos.

La iniciativa no propone reinstalar una actualización automática atada exclusivamente al índice de inflación sino que establece que de los ministerios de Hacienda y Finanzas y de Educación, deberá evaluar periódicamente distintas variables antes de disponer nuevos incrementos. Entre ellas aparecen los recursos provenientes de la coparticipación federal y otros fondos de origen nacional, la recaudación provincial, la evolución del IPC, la incidencia del gasto en personal sobre el presupuesto, entre otras.

FONDOS

En su desarrollo, la iniciativa contextualiza la ajustada situación financiera y económica de las arcas estatales que hacen que cualquier actualización remunerativa deberá contar con crédito presupuestario suficiente y con financiamiento compatible con el equilibrio fiscal provincial. 

 El Ejecutivo sostiene que la capacidad de disponer nuevas recomposiciones salariales no depende solamente del comportamiento de la inflación, sino también de la evolución de la coparticipación, de los recursos nacionales y de la recaudación propia.

El proyecto señala que, para el ejercicio 2026, los recursos de origen nacional estimados para el Chaco ascienden a $3.504.641 millones, mientras que los recursos provinciales totales proyectados alcanzan los $4.407.870 millones. Sobre esa base, los fundamentos calculan que aproximadamente el 79,5% de los ingresos provinciales está vinculado con transferencias automáticas y recursos de origen nacional.

A la vez, el gasto en personal proyectado para 2026 alcanza, según el texto, $2.328.366 millones, equivalente a aproximadamente el 52,8% del total de erogaciones y al 62,7% de los gastos corrientes. 

LO QUE VIENE

En paralelo a su formalización parlamentaria en la tarde del lunes, en la mañana de ayer el proyecto fue incorporado al expediente judicial y habrá que esperar en las próximas semanas si para el Máximo Tribunal representa el cierre de la causa habida cuenta que la responsabilidad ya se traslada a otro Poder del Estado.

En Diputados, la propuesta será analizada en comisiones y luego llegará al recinto en busca de su aprobación y allí otra vez aparecerán las diferencias porque el oficialismo planteará que se trata de atender una sentencia de la forma más razonable mientras que la oposición señalará que implica la desaparición de la cláusula gatillo como se la conoció.