Salud mental: alertan por el impacto en el Chaco de la reforma que impulsa la Nación

La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental que impulsa el gobierno nacional abrió un fuerte debate entre profesionales del sector y tiene un capítulo particular en el Chaco, donde durante décadas se desarrolló un modelo basado en servicios de salud mental dentro de hospitales generales, equipos interdisciplinarios y dispositivos comunitarios, sin hospitales psiquiátricos monovalentes.

La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FePRA) expresó su rechazo al proyecto y, aunque admite que después de más de 15 años existen aspectos de la Ley 26.657 que pueden revisarse, sostiene que los cambios deberían orientarse a ampliar la atención, fortalecer los servicios públicos existentes y completar los dispositivos comunitarios pendientes.  El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Senado este año y continúa bajo análisis legislativo. En septiembre, además, las modificaciones introducidas a la iniciativa fueron presentadas a las provincias durante una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA).

El gobierno nacional sostiene una posición diferente a la de FePRA. Argumenta que la reforma pretende resolver dificultades de aplicación de la norma vigente y permitir intervenciones más oportunas frente a situaciones de riesgo. Entre otros puntos, propone modificar los criterios para las internaciones involuntarias y reforzar la intervención médica dentro de los equipos.

Chaco, sin hospitales psiquiátricos

Uno de los principales cuestionamientos desde la perspectiva chaqueña está relacionado con la posibilidad de habilitar nuevamente instituciones especializadas en psiquiatría y salud mental. Según el documento y los antecedentes aportados a NORTE, el Chaco nunca desarrolló un sistema basado en hospitales psiquiátricos monovalentes. La atención se estructuró principalmente dentro de hospitales generales y mediante dispositivos territoriales.

Ese recorrido permite encontrar experiencias concretas en distintos puntos del Gran Resistencia. Entre ellas aparecen el dispositivo comunitario CISMA, en el barrio Ciudad de los Milagros; La Lomita, en Barranqueras; el dispositivo Juan Bautista Alberdi, destinado a infancias y adolescencias en Resistencia; la Casa de Medio Camino y el CEPLA del barrio Gran Toba; Servicio Integral de Adolescencias, Servicio de Salud Mental en el Hospital Pediátrico, Centro de referencia de consumos problemáticos y Fortaleza (internación de personas consumos problemáticos), entre otros.

A ellos se suman servicios de salud mental en los hospitales de Fontana y Barranqueras y en el Hospital Perrando, donde también funciona un Hospital de Día. En Presidencia Roque Sáenz Peña funciona asimismo un servicio de salud mental con residencia interdisciplinaria, mientras se registran equipos en Charata, Juan José Castelli y Villa Ángela. El DAT Ddispositivo de Atención a Masculinidades), y otros sectores como Red Puentes, Vientos de Libertad, Casa Esquina Libertad o Ningún pibe nace chorro. Por esa razón, desde el sector profesional que cuestiona la reforma entienden que un regreso a instituciones psiquiátricas especializadas representaría un cambio sustancial respecto del modelo que históricamente siguió la provincia.

El psiquiatra, otro punto de discusión

Otro eje sensible es la composición de los equipos interdisciplinarios. FePRA cuestiona que la propuesta otorgue una intervención obligatoria al médico psiquiatra en determinadas decisiones. La entidad sostiene que esto podría introducir una jerarquización del saber médico respecto de otras disciplinas y generar problemas particularmente en pequeñas localidades donde no existe suficiente disponibilidad de especialistas.

La posición del Gobierno nacional es distinta. El Ejecutivo explica que busca garantizar una evaluación clínica más completa: en las internaciones involuntarias propone la intervención de un psiquiatra y, para urgencias donde este profesional no esté disponible, contempla que un médico pueda indicar la internación, que luego deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. "Por ende, si la evaluación es sólo desde la medicina, no es completa. La cuestión adquiere especial relevancia para provincias extensas como Chaco, donde la disponibilidad de especialistas y/o de psiquiatras no es homogénea entre Resistencia y las localidades del interior", argumentan los profesionales chaqueños.

El debate por las internaciones involuntarias

La reforma también propone modificar uno de los puntos centrales de la legislación actual: los criterios utilizados para disponer una internación involuntaria. FePRA cuestiona que se sustituya el concepto de "riesgo cierto e inminente" por una formulación más amplia vinculada al riesgo grave de daño. Para la Federación, esto podría flexibilizar las condiciones bajo las cuales una persona puede ser privada de su libertad. Sin garantizar sus derechos fundamentales.

El presupuesto, una deuda de la ley vigente

En un punto existe un problema que antecede a la reforma: el financiamiento de la salud mental. La propia Ley 26.657 establece que las partidas nacionales destinadas al área debían incrementarse progresivamente hasta alcanzar un mínimo equivalente al 10% del presupuesto total de Salud y promueve que las provincias adopten el mismo criterio.

El material aportado señala que un relevamiento realizado a 15 años de la sanción de la norma encontró niveles presupuestarios inferiores a lo establecido y plantea que esa insuficiencia condicionó la implementación efectiva de la ley. Desde la experiencia chaqueña también se destaca el valor que tuvieron los equipos comunitarios como herramientas de prevención y atención cercana a la población, así como la formación de recursos humanos destinados específicamente a esos dispositivos.

Dos miradas sobre cómo modificar la ley

La discusión de fondo, entonces, no pasa únicamente por determinar si la Ley de Salud Mental necesita cambios. Tanto el Gobierno como sectores profesionales reconocen dificultades en su aplicación, pero difieren sobre qué aspectos modificar y hacia qué modelo avanzar.

En el Chaco, ese debate adquiere características propias. La provincia construyó buena parte de su sistema sin hospitales psiquiátricos específicos y con experiencias territoriales distribuidas entre Resistencia y el interior. Por eso, el alcance definitivo de la reforma nacional podría tener efectos concretos sobre un modelo de atención que lleva décadas desarrollándose en territorio chaqueño.