La conversación que la abogacía todavía se debe

Durante los últimos dos años la inteligencia artificial ocupó el centro de casi todas las discusiones vinculadas con el ejercicio profesional. Congresos, universidades, estudios jurídicos y empresas comenzaron a preguntarse si estas herramientas reemplazarán a los abogados, si automatizarán el trabajo intelectual o si modificarán definitivamente la prestación de servicios legales.

Sin embargo, mientras seguimos discutiendo la tecnología, probablemente estemos dejando de lado la verdadera cuestión: qué tipo de profesión queremos construir a partir de ella.

Un reciente informe del Thomson Reuters Institute sostiene que la conversación pendiente ya no consiste en evaluar la incorporación de inteligencia artificial, sino en generar un diálogo serio entre los estudios jurídicos y las áreas legales de las empresas respecto de cómo cambiará el valor del trabajo jurídico, la formación de los profesionales y la manera de prestar servicios en los próximos años.

El planteo resulta particularmente interesante porque desplaza el foco desde la herramienta hacia las personas y las instituciones. La inteligencia artificial ya está aquí; lo que aún no aparece con claridad es el modelo de ejercicio profesional que la acompañará.

Ese diagnóstico admite una reflexión todavía más amplia. La conversación no puede limitarse a clientes corporativos y grandes firmas de abogados. También involucra a las universidades que forman a los futuros profesionales, a los colegios de abogados, al Poder Judicial, a los organismos públicos y, naturalmente, al propio legislador. Cada uno de ellos deberá redefinir su rol frente a una realidad donde producir información jurídica dejó de ser una ventaja competitiva.

Durante décadas el valor diferencial de un abogado estuvo asociado a su capacidad para acceder a información especializada. Investigar jurisprudencia, revisar doctrina, elaborar contratos o confeccionar escritos demandaba tiempo, recursos y experiencia.

Hoy buena parte de esas tareas puede ser asistida por sistemas de inteligencia artificial capaces de procesar millones de documentos en pocos segundos. Esta circunstancia obliga a revisar una premisa que durante generaciones permaneció prácticamente incuestionada: si el acceso al conocimiento deja de ser escaso, entonces el verdadero valor profesional ya no estará en encontrar respuestas, sino en saber cuáles de ellas son jurídicamente correctas, constitucionalmente compatibles y estratégicamente convenientes para cada caso concreto.

La inteligencia artificial no razona jurídicamente; procesa probabilidades sobre enormes volúmenes de información. Esa diferencia, que podría parecer meramente técnica, resulta decisiva. El Derecho no es una ciencia exacta. Es una disciplina argumentativa donde los principios constitucionales, la ponderación de derechos, el contexto social y la interpretación judicial modifican constantemente el alcance de las normas.

Ningún algoritmo puede asumir responsabilidad profesional por una estrategia procesal, por un consejo equivocado o por una decisión que termine afectando el patrimonio o los derechos fundamentales de un cliente. Esa responsabilidad continúa siendo, y probablemente seguirá siendo durante mucho tiempo, exclusivamente humana.

Precisamente por ello comienza a modificarse el propio concepto de servicio jurídico. Históricamente los honorarios estuvieron vinculados al tiempo invertido para producir un determinado trabajo. Pero cuando una parte significativa de ese proceso puede acelerarse mediante inteligencia artificial, la lógica económica también cambia.

Cada vez tendrá mayor importancia el criterio profesional, la creatividad jurídica, la negociación, la capacidad de anticipar riesgos, el diseño de estrategias y la construcción de soluciones complejas. En otras palabras, el mercado tenderá a remunerar menos la producción mecánica de documentos y mucho más el juicio profesional que existe detrás de ellos.

Existe, además, otro aspecto que merece atención. Las nuevas generaciones de abogados aprendían la profesión realizando precisamente aquellas tareas que hoy son las primeras en automatizarse: investigar antecedentes, revisar expedientes, preparar borradores y sistematizar información. Si ese aprendizaje desaparece, las facultades de Derecho deberán replantear profundamente sus métodos de enseñanza.

Formar abogados para un mundo con inteligencia artificial ya no consistirá únicamente en enseñar a utilizar nuevas plataformas tecnológicas; implicará desarrollar pensamiento crítico, alfabetización digital, verificación de fuentes, comprensión de sesgos algorítmicos y, sobre todo, una sólida formación constitucional y ética que permita controlar aquello que la máquina produce.

La verdadera discusión, entonces, no es tecnológica sino institucional. No se trata de decidir si utilizaremos inteligencia artificial, porque esa decisión ya fue tomada por la realidad. Se trata de establecer bajo qué reglas, con qué controles y con qué responsabilidades será incorporada al ejercicio profesional.

La confianza, el secreto profesional, la protección de datos, la transparencia en el uso de algoritmos y la responsabilidad frente a los errores ya no constituyen debates académicos; representan exigencias concretas para preservar la seguridad jurídica.

Toda revolución tecnológica produjo, tarde o temprano, una transformación del Derecho. La imprenta modificó el acceso al conocimiento; la Revolución Industrial dio origen al Derecho del Trabajo; Internet obligó a repensar la privacidad, la contratación y la propiedad intelectual.

La inteligencia artificial probablemente represente un cambio de similar magnitud. Pero esa transformación no dependerá exclusivamente de la capacidad de las máquinas, sino de la inteligencia institucional con la que abogados, jueces, universidades y legisladores sean capaces de conducirla.

Porque, en definitiva, la inteligencia artificial podrá redactar un escrito, resumir un expediente o sugerir una estrategia. Lo que todavía no puede hacer es asumir el compromiso ético de una firma al pie de una demanda, la responsabilidad de un dictamen o la prudencia que exige la defensa de los derechos de una persona. Y es precisamente allí donde comienza el verdadero futuro de la abogacía.