Cómo la Corte Suprema de EEUU blindó los datos de ubicación frente al rastreo masivo

   En el caso Chatrie vs. United States, el alto tribunal estableció que la policía realiza un "registro" —y por tanto necesita una orden judicial basada en causa probable— cuando accede al historial de ubicaciones de un usuario, incluso si el periodo rastreado es de apenas dos horas y los datos provienen de una empresa tecnológica como Google.

   El fallo, respaldado por seis de los nueve magistrados, supone la primera gran decisión sobre vigilancia digital desde el histórico Carpenter vs. United States (2018), y extiende sus principios a una tecnología aún más precisa e intrusiva: las órdenes de geovalla o geofence warrants.

El robo que destapó el panóptico digital

   Todo comenzó el 20 de mayo de 2019, en una cooperativa de crédito de Midlothian, Virginia. Un hombre robó el banco y huyó. Sin pistas sólidas, la policía recurrió a una herramienta cada vez más común en la investigación criminal: una orden de geovalla dirigida a Google.

   El procedimiento, diseñado en colaboración entre la compañía y las fuerzas del orden, se desarrolló en tres pasos:

• Google entregó datos anonimizados de todos los dispositivos que estuvieron en un radio de 150 metros alrededor del banco durante la hora del robo.
• Los agentes seleccionaron una sublista y solicitaron datos adicionales de esos dispositivos, esta vez mostrando sus movimientos dentro y fuera del área durante un periodo de dos horas.
• Finalmente, la policía redujo la lista a tres usuarios y Google reveló sus identidades: nombres, correos electrónicos y números de teléfono.

   Uno de ellos era Okello Chatrie, cuyo teléfono mostró que había entrado en la zona unos diez minutos antes del robo y se dirigió a una zona residencial tras salir. Chatrie fue condenado por el atraco, pero su defensa impugnó la legalidad de la prueba que lo incriminaba.

¿Vigilancia o registro? La Corte responde

   El núcleo del debate jurídico era si la adquisición de estos datos constituía un "registro" a efectos de la Cuarta Enmienda, que protege a los ciudadanos contra registros y allanamientos irrazonables. El Gobierno argumentaba que no, apoyándose en la llamada doctrina de terceros: si un usuario comparte voluntariamente su ubicación con Google, no puede tener una expectativa razonable de privacidad sobre esos datos.

   La Corte, sin embargo, rechazó este razonamiento de forma contundente. La jueza Elena Kagan, autora de la opinión mayoritaria, recordó que en Carpenter ya se había establecido que acceder a la información de ubicación de las antenas de telefonía móvil constituye un registro. Y el Historial de Ubicaciones de Google es cualitativamente más invasivo:

• Precisión: mientras que los datos de antenas sitúan a una persona en un sector de hasta 4 kilómetros cuadrados, el Historial de Ubicaciones lo hace con un margen de apenas 20 metros.
• Frecuencia: las antenas registran una media de 101 datos al día; Google lo hace cada dos minutos, lo que supone unos 720 registros diarios.
• Información adicional: el sistema puede incluso estimar la elevación, es decir, en qué planta de un edificio se encuentra el usuario.

   "Todo aquello en lo que Carpenter se basó para considerar que el acceso a los registros de antenas constituye un registro se aplica igual o mejor al acceso al Historial de Ubicaciones", escribió Kagan.

Dos horas bastan para violar la privacidad

   Uno de los argumentos más llamativos del Gobierno era que el periodo rastreado —dos horas— era demasiado breve para considerar que se había vulnerado la intimidad de Chatrie. La Corte lo desestimó sin ambages.

   "Incluso el monitoreo a corto plazo puede revelar detalles íntimos", señaló la sentencia. Una visita al psiquiatra, a una clínica de abortos, a un centro de tratamiento de VIH o a un motel puede quedar expuesta en un trayecto de apenas unos minutos. La Cuarta Enmienda, recordó la Corte, no se activa solo cuando la intrusión "va demasiado lejos", sino cuando hay una invasión en la esfera privada, sea cual sea su duración.

   La jueza Ketanji Brown Jackson, en su voto concurrente, fue más allá y alertó sobre el peligro de los pasos dos y tres del procedimiento: al permitir que la policía seleccionara qué usuarios investigar más a fondo sin supervisión judicial directa, se les otorgaba una "comisión itinerante" para recolectar datos sensibles a su discreción.

El choque de visiones en el tribunal

   No todo fue unanimidad. El fallo, de 6 a 3, evidenció profundas fracturas en el tribunal.

   El juez Neil Gorsuch concurrió con el resultado, pero por un motivo muy distinto. Abogó por abandonar el estándar de "expectativa de privacidad" y basar la protección en el derecho de propiedad: los datos de ubicación son "efectos" del usuario, como un diario electrónico, y el acceso del Estado constituye una intromisión ilegal en su propiedad, al margen de lo que uno espere o no espere.

   En el otro extremo, el juez Samuel Alito lideró el disenso, calificando la opinión de innecesaria y casi "consultiva". Señaló, además, que Google ya había cambiado su política en 2025 para almacenar los datos de ubicación en los propios dispositivos y no en la nube, lo que haría que el fallo se pronunciara sobre un procedimiento que ya no podía ejecutarse. También defendió la doctrina de terceros: Chatrie asumió el riesgo de compartir su ubicación al aceptar los términos de servicio de Google a cambio de sus beneficios tecnológicos.

¿Y ahora?

   La Corte Suprema no anuló directamente la condena de Chatrie. En lugar de ello, devolvió el caso al Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito para que analice si, a pesar de ser un "registro", la orden de geovalla en concreto cumplía con los requisitos de causa probable y particularidad en cada una de sus etapas. Es decir, el alto tribunal zanjó la cuestión de principio —el acceso a estos datos es un registro— pero dejó abierta la puerta a que, en casos concretos, el registro pueda ser considerado "razonable".

   La decisión, no obstante, tiene implicaciones de gran calado. Al reconocer que los datos generados por las aplicaciones del teléfono —incluso aquellos que "compartimos" con empresas tecnológicas— son "nuestros" y merecen protección constitucional, el fallo sienta un precedente que podría extenderse a otros tipos de información digital: correos electrónicos, fotografías, calendarios y, en general, todo el rastro que dejamos al usar nuestros dispositivos.

   También deja preguntas abiertas. ¿Puede la policía eludir el requisito de orden judicial comprando datos de ubicación a intermediarios de datos en lugar de solicitarlos directamente a Google? ¿Qué ocurre con la vigilancia en tiempo real, frente a los datos históricos que aborda este caso? ¿Cómo se aplicarán estos principios al reconocimiento facial o al uso de drones?

   La Cuarta Enmienda, escribió la Corte en su opinión, "debe, como siempre, proteger contra la intrusión gubernamental injustificada en la privacidad del individuo, cualesquiera que sean los medios empleados". Con Chatrie, el tribunal ha dejado claro que, en la era digital, esa protección no se detiene en la puerta de nuestra casa: nos sigue allí donde nuestro teléfono nos lleve.