La Justicia investiga presuntas irregularidades en la contratación de servicios
La causa, que tramita ante el Juzgado Federal a cargo de Sebastián Casanello, investiga el destino de fondos públicos asignados a la Obra Social de los Peones Rurales y Estibadores (OSPRERA) y la eventual vinculación de esas operaciones con funcionarios del ámbito nacional, como Karina Milei y Martín Menem.
Según consta en el expediente, la firma HTech Innovation –constituida en abril de 2024– habría percibido transferencias por un total de 262 millones de pesos en concepto de servicios de consultoría. La empresa modificó su objeto social pocas semanas antes de ser contratada por el Estado, incorporando el rubro de asesoramiento y consultoría.
Entre los accionistas de HTech Innovation figura Sergio Andrés Aguirre, médico que, según registros comerciales, mantiene desde agosto de 2018 una sociedad con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la firma TR Nutrition SRL, dedicada a suplementos dietarios. También integran la compañía Stefano Zanetti y María Casandra Mirabelli, madre de Aguirre.
El acceso de la empresa al organismo de salud se produjo luego de una serie de reuniones previas en la Casa Rosada. El 5 de julio de 2024, los registros oficiales de Balcarce 50 acreditan el ingreso de Aguirre y de la médica Virginia Montero, quienes mantuvieron un encuentro con el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. En agosto de 2024, Montero fue designada interventora de OSPRERA.
El 28 de octubre de ese año, HTech Innovation presentó su propuesta de servicios en la obra social. Al día siguiente, la interventora Montero firmó un dictamen que calificaba la contratación como de urgencia, sin recurrir a licitación pública. Tras la renuncia de Montero a fines de noviembre de 2024, el nuevo interventor, Marcelo Carlos Petroni, ratificó y prorrogó el contrato con la empresa.
La fiscalía estima que el perjuicio económico actualizado asciende a 350 millones de pesos. El análisis bancario y patrimonial indica que, luego de recibir las transferencias de OSPRERA, Aguirre adquirió un automóvil BMW X1 xDrive y una motocicleta Ducati Scrambler 800 Icon.
Las inspecciones realizadas en el domicilio fiscal declarado por HTech Innovation constataron que en ese lugar operaba otra firma, y el peritaje determinó que la compañía no contaba con empleados registrados ni antecedentes en el mercado tecnológico. Las facturas iniciales emitidas por la firma (números 00000001 y 00000002) sumaban unos 48 millones de pesos.
Durante los allanamientos, se secuestraron teléfonos celulares de los funcionarios involucrados. En el dispositivo de Petroni, los peritos recuperaron conversaciones de WhatsApp en las que se mencionaba que las decisiones del organismo respondían a instrucciones de Lule Menem y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Los mensajes también refieren reuniones en la Casa Rosada con Martín Menem y órdenes vinculadas al seguimiento de la recaudación.
El juez Casanello ordenó el embargo preventivo de bienes por 920 millones de pesos y dispuso un entrecruzamiento de llamadas y geolocalización de antenas para reconstruir la presencia de los imputados en dependencias oficiales.
Paralelamente, la intervención estatal dispuso el cierre de sucursales de la obra social, lo que obligó a los afiliados de zonas rurales a realizar trámites digitales en regiones con limitada conectividad. Organizaciones de trabajadores rurales reportaron suspensiones de cirugías programadas, demoras en la entrega de medicamentos oncológicos y dificultades en la atención primaria en varias provincias.
Los acusados –Sergio Aguirre, Stefano Zanetti, María Casandra Mirabelli, Virginia Montero y Marcelo Petroni– deberán comparecer ante los tribunales de Comodoro Py entre el 10 y el 14 de agosto para prestar declaración indagatoria por los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
