Tarifas, salarios y el verdadero ajuste

En ese sentido, uno de los fenómenos más significativos de los últimos dos años ha sido el fuerte incremento de las tarifas de los servicios públicos. Según el informe "Las Privatizadas en el Gobierno de Milei" elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), entre 2023 y 2025 el rubro electricidad, gas y agua aumentó 760%, mientras que el nivel general de precios de la economía creció  334%.

Esto significa que las tarifas evolucionaron a una velocidad mucho mayor que la inflación promedio, absorbiendo una porción creciente de los ingresos familiares.

Los datos son contundentes: cuando comenzó el gobierno de Milei, los servicios públicos pesaban 6% del salario; mientras que, hacia mediados de 2026, la canasta de servicios públicos básicos representa más de 14%.

En los sectores informales y de menores ingresos el impacto es aún mayor.

Traducido a números concretos: si un trabajador percibía un salario equivalente a $1.000.000, a fines de 2023 destinaba alrededor de $60.000 mensuales al pago de electricidad, gas, agua y otros servicios básicos.

Hoy, con ese mismo salario de referencia, debería destinar más de $140.000 para afrontar esos gastos.

Esto implica que los servicios públicos absorben $80.000 adicionales por cada millón de pesos de ingreso, recursos que antes podían destinarse al consumo, la educación, la salud, el ahorro o el esparcimiento familiar.

La situación es aún más compleja para los trabajadores informales o de menores ingresos. Por ejemplo, en un hogar con ingresos de $600.000 mensuales, una carga tarifaria de 14% implica destinar alrededor de $84.000 a servicios públicos. Si el peso de las tarifas asciende a 20% —como ocurre en muchos sectores populares—, el gasto supera los $120.000, lo que reduce significativamente la capacidad de cubrir otras necesidades básicas.

Con esos $80.000 mensuales adicionales que hoy se destinan a servicios públicos, una familia podría comprar, por ejemplo:

- Más de 44 litros de leche.

- Más de 9 kilos de milanesas.

- Más de 11 kilos de pollo.

- Entre 2 y 3 garrafas de gas.

- Los útiles escolares básicos.

- El abono de internet y telefonía móvil del hogar.

- Carga de combustible para ir a trabajar.

- Medicamentos de uso frecuente para un jubilado.

Llevado a un período anual, los $80.000 por mes representan $960.000 al año por cada millón de pesos de ingreso familiar.

Efectos concretos sobre la economía

Esta situación tiene efectos concretos sobre la economía. Cuando una familia debe destinar una parte creciente de sus ingresos a pagar luz, gas, agua, transporte o comunicaciones, dispone de menos recursos para consumo, recreación, educación o ahorro.

En términos macroeconómicos, esto se traduce en una menor demanda interna, uno de los principales motores de la actividad económica.

El gobierno nacional sostiene que esta política forma parte del proceso de "sinceramiento" de la economía y de reducción de subsidios para alcanzar el equilibrio fiscal. Y, efectivamente, los subsidios económicos se redujeron significativamente: pasaron de representar más de 1,5% del PBI a alrededor del 0,6% durante 2026.

Sin embargo, el debate económico no debería terminar allí. La pregunta central es quién absorbió el costo de ese ajuste y quiénes resultaron beneficiados.

El informe muestra que las principales empresas privatizadas de energía, gas, transporte y telecomunicaciones registraron una evolución muy favorable. Entre 2023 y 2025 sus ingresos crecieron 28% en términos reales, mientras que el conjunto de la economía prácticamente permaneció estancado. Más aún, la masa de ganancias operativas de estas compañías aumentó más de 55% real durante el mismo período.

Esto configura una importante transferencia de ingresos desde usuarios y empresas hacia sectores regulados de la economía.

Qué ocurrió con las inversiones

La cuestión se vuelve más relevante cuando se observa qué ocurrió con las inversiones. Uno de los argumentos tradicionales para justificar los aumentos tarifarios es la necesidad de mejorar la infraestructura y la calidad de los servicios.

 Sin embargo, el estudio concluye que el fuerte incremento de la rentabilidad no estuvo acompañado por un crecimiento proporcional de las inversiones productivas, es decir, parte de los recursos obtenidos mediante la recomposición tarifaria no se tradujo necesariamente en ampliación de redes, mejoras tecnológicas o nuevas obras de infraestructura.

Tampoco debe perderse de vista el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. Para muchas pymes, el aumento de los costos energéticos se suma a otros problemas como la caída del consumo, la apertura importadora y las dificultades de financiamiento.

Cuando una empresa destina una proporción creciente de sus ingresos a pagar servicios públicos, disminuye su capacidad de invertir, producir y generar empleo.

Por eso la discusión tarifaria excede el debate sobre subsidios. En realidad, estamos discutiendo cómo se distribuyen los costos del ajuste económico y cuál es el equilibrio razonable entre sustentabilidad fiscal, rentabilidad empresaria y capacidad de pago de la sociedad.

El problema no es únicamente cuánto aumentan las tarifas, sino qué sucede cuando esos aumentos crecen más rápido que los salarios, las jubilaciones y la actividad económica. Porque en ese escenario el ingreso disponible se reduce, el mercado interno se debilita y la recuperación económica encuentra límites cada vez más difíciles de superar.

La discusión no es solamente cuánto aumentaron las tarifas, sino cuánto espacio le dejan al salario. Cuando los servicios públicos pasan de absorber 6 de cada 100 pesos a más de 14 de cada 100, el ajuste deja de ser una cuestión fiscal y pasa a sentirse directamente en la mesa de cada familia.

(El autor es licenciado en Economía, especialista en Inversiones Bursátiles y coordinador de la Tecnicatura en Administración Económica Financiera- UEGP 157 Foro Social del Nea).