Nuevas pautas para el uso de pantallas en aulas
La Cámara de Diputados del Chaco sancionó por unanimidad la ley 4242-E, una normativa que establece pautas específicas para regular el uso de teléfonos celulares y pantallas en las instituciones educativas de la provincia. La iniciativa obedece a la creciente presencia de dispositivos tecnológicos en la vida cotidiana de niños y adolescentes, así como por los desafíos que esta realidad plantea para los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de las aulas.
La nueva legislación propone un enfoque equilibrado que busca fomentar un uso responsable, sensato y orientado a objetivos pedagógicos concretos. En este sentido, la norma reconoce que las herramientas digitales pueden aportar beneficios significativos a la educación cuando son utilizadas de manera adecuada y bajo la orientación de los docentes. Sin embargo, también advierte sobre los efectos negativos que pueden generar cuando su uso es excesivo o carece de criterios claros.
Uno de los principales fundamentos de la ley se relaciona con la necesidad de recuperar los espacios de interacción humana y concentración que se han visto afectados por la presencia permanente de pantallas. Actualmente, los estudiantes se encuentran expuestos a una enorme cantidad de estímulos provenientes de aplicaciones, redes sociales y servicios de mensajería que compiten constantemente por captar su atención. Esta situación representa un desafío cada vez mayor para los docentes, quienes deben desarrollar sus clases en un entorno donde las interrupciones digitales forman parte de la rutina diaria.
La llamada economía de la atención ha convertido a los teléfonos celulares en herramientas diseñadas para mantener conectados y entretenidos a los usuarios durante largos períodos de tiempo. Las notificaciones constantes, los contenidos personalizados y las dinámicas de interacción inmediata dificultan la concentración sostenida y pueden afectar la capacidad de los estudiantes para participar activamente en las actividades escolares. Por esa razón, la ley 4242-E busca establecer reglas que permitan equilibrar el aprovechamiento de la tecnología con la preservación de las condiciones necesarias para el aprendizaje.
Además de reducir las distracciones en el aula, la normativa fue concebida para abordar otros problemas que preocupan a la comunidad educativa. Entre ellos se encuentran los conflictos de convivencia derivados del uso inadecuado de dispositivos electrónicos y la necesidad de fortalecer la protección de niños, y adolescentes frente a los riesgos presentes en los entornos digitales. De este modo, la legislación adopta una mirada integral que contempla tanto las dimensiones pedagógicas como las sociales y humanas vinculadas a la incorporación de la tecnología en la escuela.
Otro aspecto destacado de la ley es la implementación de criterios diferenciados según los distintos niveles educativos. Esta decisión responde al reconocimiento de que las necesidades, capacidades y grados de autonomía de los estudiantes varían de acuerdo con la edad. En consecuencia, la regulación no establece una única modalidad de aplicación, sino que promueve estrategias adaptadas a cada etapa de la trayectoria escolar. La intención es que las instituciones puedan desarrollar mecanismos acordes a las características de sus alumnos, siempre dentro del marco general fijado por la normativa.
Asimismo, la ley otorga un papel central a los acuerdos institucionales entre las escuelas y las familias. La participación de los padres y tutores es considerada un elemento fundamental para alcanzar los objetivos propuestos. En lugar de imponer medidas aisladas, la normativa impulsa la construcción de consensos que permitan definir de manera conjunta cómo acompañar el uso responsable de la tecnología. Esta perspectiva reconoce que la formación de hábitos saludables requiere la colaboración activa de todos los actores involucrados en la educación de los estudiantes.
En ese marco, la responsabilidad es compartida entre directivos, docentes, alumnos y familias. La escuela asume un rol pedagógico orientador, mientras que los hogares contribuyen reforzando los criterios establecidos y evitando mensajes contradictorios respecto al uso de los dispositivos. Esta articulación resulta especialmente importante en una época en la que los límites entre los espacios físicos y digitales son cada vez más difusos.
La aprobación unánime de la ley refleja además un amplio consenso político sobre la necesidad de abordar esta problemática. Los distintos bloques legislativos coincidieron en que la escuela debe asumir una responsabilidad pedagógica frente al avance tecnológico, garantizando que las herramientas digitales estén al servicio del aprendizaje y no se conviertan en un obstáculo para el desarrollo académico y social de los estudiantes.
