"Ningún magistrado puede ser sometido a jury por cumplir con la ley"

La ley de honorarios profesionales que actualmente tiene un tire y afloje en los medios a través de jueces y abogados pero también en la Justicia, ya que el Superior Tribunal de Justicia deberá resolver al menos un pedido de inconstitucionalidad, lo que lleva a que la posibilidad de que se insten a cambios es concreta. La diputada provincial María Pía Chiacchio Cavana se refirió al asunto y aseguró que la actualización de la normativa era una necesidad largamente postergada. Además, rechazó los planteos que advierten sobre posibles consecuencias disciplinarias para los jueces que apliquen el nuevo esquema.

"La ley de honorarios tenía más de 40 años en la provincia. Era evidente que necesitaba una actualización porque la inflación y las demoras de los procesos judiciales terminaron deteriorando la retribución de los abogados", sostuvo.

Según explicó, el objetivo central de la norma es otorgar previsibilidad y reducir las diferencias que existían entre distintos juzgados al momento de regular honorarios por trabajos similares. "Por el mismo trabajo se terminaban regulando montos muy distintos según el tribunal donde tramitara la causa. Era necesario fijar parámetros más claros", señaló.

La diputada remarcó que los honorarios deben analizarse en función del tiempo efectivo que demanda cada expediente. "Un proceso judicial puede durar desde seis meses hasta diez años. Cuando se regulan los honorarios, hay que pensar que ese monto corresponde a todo el período trabajado. Si se prorratea, se advierte que muchas veces no representa cifras desproporcionadas", explicó.

SIN SANCIONES

Respecto de las advertencias formuladas por algunos magistrados sobre la posibilidad de enfrentar denuncias ante el Consejo de la Magistratura por la forma de aplicación de la ley, la diputada fue categórica.

"Ningún juez puede ser denunciado o sometido a un jury por regular honorarios conforme a una ley vigente. Los planteos disciplinarios tienen que ver con decisiones de fondo en las causas, no con el cumplimiento de una norma aprobada por el Poder Legislativo", afirmó.

Finalmente, insistió en que la actualización normativa busca brindar mayor seguridad jurídica tanto a abogados como a justiciables. "Todos tenemos que trabajar para favorecer el acceso a la justicia y garantizar honorarios justos para quienes cumplen una función esencial dentro del sistema judicial", concluyó.

"TODA NORMATIVA ES PERFECTIBLE Y AVANZAREMOS SI EL STJ PIDE CAMBIOS"

La diputada provincial también se refirió a la chance de que la Justicia pida cambios a partir del planteo de inconstitucionalidad presentado por la Asociación de Magistrados.

 "Respeto la opinión de la Asociación de Magistrados y creo que ahora corresponde esperar qué determina el Superior Tribunal de Justicia", señaló.

La legisladora remarcó que el Poder Legislativo está dispuesto a revisar la norma si la Justicia considera que existen aspectos susceptibles de mejora.

"Las leyes siempre pueden perfeccionarse. Si el Superior Tribunal recomienda modificaciones o detecta cuestiones que deban corregirse, vamos a escuchar esos planteos y trabajar en consecuencia", afirmó.

En ese sentido, destacó la importancia del diálogo entre poderes del Estado y sostuvo que cualquier adecuación deberá surgir del análisis técnico y jurídico que realice el máximo tribunal provincial.

"Si la Justicia entiende que hay cambios que realizar, el Parlamento tiene la responsabilidad de escucharlos y legislar en función de esas observaciones", concluyó.

TERE CUBELLS: "LA ACTUALIZACIÓN ERA NECESARIA PERO NO PODÍA ATARSE AL SUELDO DE UN JUEZ FEDERAL"

La diputada provincial del Frente Grande, Tere Cubells, que votó en contra de la sanción de la Ley de Honorarios Profesionales, señaló que si bien era imprescindible actualizar una normativa que había quedado desfasada por la inflación, la metodología elegida para fijar los nuevos valores resulta desproporcionada para la realidad económica de la provincia.

Recordó que durante el debate parlamentario su bloque acompañó el planteo de que los honorarios vigentes eran insuficientes, pero advirtió que la reforma se aprobó sin una discusión profunda con todos los sectores involucrados.

Según explicó, uno de los principales puntos de conflicto es que la nueva Unidad de Medida Arancelaria (UMA) quedó vinculada al 3% del salario de un juez federal de primera instancia, un parámetro que considera ajeno a las posibilidades económicas de la mayoría de los chaqueños.

"Se pasó de una referencia que había quedado atrasada a otra que no tiene relación con la realidad provincial. No se puede fijar el valor de los honorarios tomando como referencia los salarios de la Justicia Federal", sostuvo.

Para la diputada, el problema central no es la actualización en sí misma sino la falta de consensos previos. "Seguramente se podía llegar a una fórmula intermedia, pero para eso había que escuchar a todos los actores. Se escuchó al Colegio y al Consejo Profesional, pero faltó una discusión más amplia", afirmó.