Buscan escriturar más de 2.000 departamentos en Resistencia
Una iniciativa del concejal Guillermo Monzón apunta a dar una solución a propietarios que no tienen el certificado final de obra.
Más de 2.000 departamentos ubicados principalmente en el microcentro de Resistencia continúan sin poder acceder al título de propiedad debido a la falta del certificado final de obra, una problemática que afecta a familias que, en algunos casos, habitan sus viviendas desde hace más de 15 años.
Con el objetivo de revertir esta situación, el concejal Guillermo Monzón, del bloque Resistencia Futura, impulsa un proyecto de ordenanza que busca establecer un mecanismo de regularización para aquellos edificios que, pese a estar habitados y en funcionamiento, aún no cuentan con la documentación necesaria para avanzar con la escrituración.
Según explicó el edil, la iniciativa fue presentada hace más de un año y forma parte de un trabajo que se inició durante la actualización de las normativas urbanísticas de la ciudad, proceso en el que participaron universidades, colegios profesionales, desarrolladores y organismos públicos.
"Estamos tratando de solucionar un problema histórico de la ciudad de Resistencia que tiene que ver con más de 2.000 unidades funcionales, es decir departamentos en edificios, que todavía no tienen título de propiedad", sostuvo Monzón.
El concejal remarcó que la imposibilidad de acceder a la escritura genera múltiples perjuicios para los propietarios. Entre ellos, dificultades para vender o alquilar formalmente los inmuebles, acceder a créditos, utilizarlos como garantía o resolver situaciones sucesorias y patrimoniales.
"Hay familias que viven hace más de 15 años en estos departamentos y no pueden disponer plenamente de su propiedad porque no cuentan con la documentación dominial correspondiente. Si quieren vender, lo hacen a menor valor; si quieren alquilar, muchas veces deben hacerlo de manera informal", señaló.
Monzón también defendió la importancia del certificado final de obra y cuestionó las miradas que lo consideran un mero trámite burocrático.
"El certificado final de obra no es una cuestión administrativa sin importancia. Es la herramienta que verifica que se cumplieron las condiciones de habitabilidad, seguridad, planeamiento urbano e impacto ambiental previstas cuando se aprobó el proyecto", explicó.
En ese sentido, recordó que durante los años 2021 y 2022 se trabajó en la actualización del Código de Planeamiento Urbano y del Reglamento General de Construcciones, con participación de la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería y los colegios profesionales vinculados al sector.
Pese a ello, lamentó que la propuesta aún no haya sido tratada en comisión dentro del Concejo Municipal.
"La verdad es que no entendemos por qué el proyecto todavía no tiene tratamiento. Estamos dando una respuesta concreta a miles de vecinos y vecinas que esperan regularizar una situación que lleva años sin resolverse", afirmó.
Finalmente, Monzón indicó que mantuvo reuniones con legisladores provinciales y entidades profesionales para analizar alternativas que permitan avanzar en una solución integral, aunque aclaró que existen diferencias respecto a algunas propuestas impulsadas a nivel provincial.
"Nosotros entendemos que hay que encontrar una salida para los casos existentes, pero sin perder de vista que el certificado final de obra garantiza el cumplimiento de normas esenciales para la seguridad y la habitabilidad de quienes viven en esos edificios", concluyó.
