"Si alguien intenta reestatizar, será carísimo y el país enfrentará sanciones internacionales"

   El repliegue del Estado en la actividad productiva dejó de ser un eslogan para convertirse en un plan en marcha. Con más de 40 empresas públicas en proceso de privatización o cierre, el Gobierno avanza en una transformación profunda del rol estatal en la economía, con el objetivo explícito de reducir lo que considera una estructura ineficiente y costosa.

   En una entrevista con el portal Infobae, el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, detalló los alcances de esta estrategia. "El Presidente marcó que el Estado se tiene que retirar de todas las empresas. El objetivo es vender todo. Todas", afirmó, al describir un proceso que abarca desde grandes compañías como Aerolíneas Argentinas, AySA o Enarsa hasta firmas más pequeñas.

   Chaher sostuvo que el problema de fondo es estructural y cuestionó el funcionamiento histórico de las empresas estatales. "Somos los 47 millones de argentinos los que estamos pagando los déficits", señaló, al tiempo que remarcó que cualquier intento de ordenamiento dentro del Estado es frágil si no existe "disciplina de mercado". En ese marco, defendió el rumbo fiscal: "Tenemos el déficit cero prácticamente tatuado en el lomo".

   La hoja de ruta incluye tanto privatizaciones como cierres de estructuras consideradas innecesarias. "Las que no tienen sentido hay que cerrarlas", resumió Chaher, en referencia a empresas sin actividad real. También anticipó que el Gobierno busca avanzar con procesos "irreversibles", mediante contratos que dificulten eventuales reestatizaciones. "Que le salga carísimo al país y tenga que enfrentar penalidades internacionales", explicó sobre el blindaje legal que se intenta construir. En concreto, buscan cláusulas que activen multas millonarias o arbitrajes internacionales si un futuro gobierno intenta revertir las ventas.

   En paralelo, el Ejecutivo ya comenzó a mostrar avances concretos, como el proceso sobre Transener, y proyecta nuevas operaciones en energía y transporte durante 2026. Según Chaher, el objetivo es atraer inversores "genuinos" y consolidar un cambio de modelo: "No queremos quedarnos con nada, queremos vender todo y hacerlo bien", sintetizó, al definir una estrategia que busca redefinir de manera permanente el vínculo entre el Estado y la actividad empresarial. La apuesta del Gobierno es que, incluso ante un eventual cambio político, el costo de revertir estas privatizaciones resulte prohibitivo.