Un funcionario de Economía no declaró ocho propiedades en EEUU
El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio, Carlos Frugoni, no declaró ante las autoridades argentinas al menos cinco propiedades en Florida. Otras tres unidades sumarían un total de ocho inmuebles bajo sospecha.
Frugoni, máximo responsable de Infraestructura y Transporte bajo la órbita del ministro Luis Caputo, controla algunos de esos bienes a través de dos sociedades opacas constituidas en Delaware: Genova LLC (2021) y Waki LLC (2025). Estas firmas habrían servido para adquirir departamentos cuyos valores oscilan entre u$s 140.000 y u$s 310.000.
Según registros oficiales verificados por el periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación y otros revelados por el canal A24, cinco de las propiedades no declaradas, ni ante la Oficina Anticorrupción ni ante ARCA, están en el condado de Palm Beach. Entre ellas figuran unidades en Lantana, West Palm Beach y South Palm Beach, con valuaciones fiscales de entre 187.000 y 216.000 dólares. Una de ellas tiene como domicilio postal asociado la sede del club Newman en Benavídez, donde Frugoni egresó en 1977 y trabajó hasta 2008.
El dato más concluyente es un quinto inmueble a nombre propio del funcionario: el departamento 626 de Delray Beach, adquirido el 1 de julio de 2021 por 215.000 dólares. Su valuación fiscal actual es de 230.000 dólares. Según el registro local, esa propiedad obtuvo una exención especial de 50.500 dólares en 2021, un beneficio que Florida otorga solo a quienes declaran el inmueble como residencia principal permanente, pese a que Frugoni reside y trabaja en la Argentina.
Frugoni se suma a otros funcionarios del gobierno de Javier Milei cuestionados por no declarar bienes, como el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el titular de ARCA, Andrés Vázquez, este último investigado por omisión maliciosa, evasión y lavado de activos.
La ley de Ética Pública obliga a los funcionarios a presentar una declaración jurada anual con todos sus bienes, nacionales y extranjeros. La omisión maliciosa puede derivar en hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua.
