Familias que judicializaron reclamos al Insssep piden medidas para que se ejecute el fallo

El grupo de 11 familias de Resistencia con niños y jóvenes con discapacidad presentó ayer por la mañana un pedido de ejecución de sentencia ante el Superior Tribunal de Justicia, en el marco de una acción de amparo contra el Insssep, denunciando un "incumplimiento total, actual y manifiesto" del fallo judicial.

La presentación fue realizada por el abogado que representa a los demandantes, quien solicitó la aplicación urgente de astreintes (una multa de aplicación diaria) para las autoridades del organismo, para sancionar de ese modo lo que la parte accionante considera como un desconocimiento de la orden judicial.

El planteo se inscribe en la causa "Albornoz N.S., Carrillo R.A., Díaz Z.B. y otros c/ Insssep s/ Acción de Amparo" (expediente 70/26), en la que el Superior Tribunal de Justicia –con sentencia definitivo y fallo unánime de sus cinco miembros- había ordenado garantizar la continuidad de los tratamientos médicos, la cobertura integral de las prestaciones y la adopción de todas las medidas necesarias para evitar interrupciones.

Según detalla el escrito al que tuvo acceso NORTE, el plazo para cumplir con la sentencia ya se encuentra vencido desde el martes 31 de marzo, a las 9, sin que se haya registrado ningún tipo de cumplimiento efectivo.

En ese sentido, el letrado sostiene que no existe "cumplimiento parcial ni en vías de ejecución", sino un incumplimiento absoluto de la manda judicial. Además, cuestiona los argumentos del Insssep, que aludieron a gestiones administrativas internas y pedidos de presupuestos, al considerar que "la sentencia no ordenó gestionar, sino cumplir", remarcando que cuestiones burocráticas no pueden suspender derechos fundamentales.

Conflicto sensible

El escrito también advierte sobre la posible comisión del delito de "desobediencia judicial", previsto en el artículo 239 del Código Penal, y plantea que el "incumplimiento configura una situación de flagrancia por tratarse de una conducta continuada en el tiempo".

En la presentación se subraya la "gravedad extrema" del caso, al señalar que el incumplimiento impacta directamente en pacientes en estado crítico, algunos de ellos con crisis convulsivas y cuadros de alta vulnerabilidad, lo que implica un riesgo cierto e inminente para la vida y una violación al derecho a la salud. El abogado Sebastián Alexis Ferreyra Negri alega que ninguno de los puntos centrales de la sentencia fue cumplido.

Fuentes del Insssep marcaron que la sentencia requiere de procedimientos administrativos que no se pueden ejecutar de inmediato, dándose además en el contexto de serias dificultades financieras para el Estado provincial en su conjunto, por la caída de ingresos del Tesoro, que financia gran parte de la necesidad de recursos del Instituto, que administra la obra social y la caja jubilatoria del sector público.