"Milei avanza hacia un régimen de excepción"

   Jorge Altamira lanzó un duro diagnóstico sobre la situación institucional, económica y ambiental del país, en el que caracteriza al gobierno actual como un régimen que, aunque afirma actuar bajo la Constitución, "viola sistemáticamente sus normas mediante la adopción de facultades extraordinarias".

   En un análisis difundido recientemente, Altamira sostuvo que el Ejecutivo mantiene una relación conflictiva con el Congreso y que el funcionamiento institucional se encuentra deteriorado. Según afirmó, existe un "desprecio abierto por el Poder Legislativo", evidenciado en la forma en que el gobierno respondió a leyes aprobadas por el Parlamento.

   "El Ejecutivo ignoró leyes votadas por el Congreso, como la de financiamiento universitario, incluso después de que éste insistiera con dos tercios de los votos", señaló el dirigente. "En lugar de cumplirla, optó por desconocerla y enviar un nuevo proyecto acorde a sus propios intereses".

Un sistema judicial que demora los controles

   Altamira también cuestionó las limitaciones del sistema judicial argentino para frenar decisiones del Ejecutivo. Según su análisis, el mecanismo para declarar la inconstitucionalidad de una norma o decisión estatal resulta excesivamente largo.

   "A diferencia de otros países con tribunales constitucionales directos, en la Argentina hay que recorrer toda una escalera de litigios hasta llegar a la Corte", explicó. Ese proceso, afirmó, permite que el gobierno "actúe con impunidad temporal mientras se tramitan las causas".

  Para el dirigente, esta combinación de factores produce un escenario en el que el Ejecutivo "opera por fuera del control parlamentario", una dinámica que comparó con experiencias internacionales de concentración de poder.

Advertencias por acuerdos militares

   Otro de los puntos que Altamira calificó como "especialmente alarmante" es la política de defensa y los acuerdos internacionales firmados por el país. Entre ellos mencionó el pacto denominado "Escudo de las Américas", suscripto junto a otros países y a EEUU.

   Según explicó, ese acuerdo permitiría la intervención militar estadounidense en territorio argentino bajo argumentos vinculados al combate contra el terrorismo o el narcotráfico.

   "Se trata de un compromiso grave de la soberanía nacional", sostuvo Altamira. En ese sentido remarcó que "países con problemas mucho más severos de narcotráfico, como México, Brasil o Colombia, se negaron a firmar acuerdos de este tipo para no comprometer su autonomía".

   El dirigente también criticó el alineamiento internacional del gobierno en conflictos actuales. "El posicionamiento explícito del Estado argentino en favor de Israel en escenarios bélicos compromete al país en conflictos internacionales", afirmó.

La conducción militar

   El análisis también se detiene en lo que Altamira considera una creciente militarización del gabinete. En particular cuestionó la designación del general en actividad Presti como ministro de Defensa.

   "Un ministro de Defensa debería estar retirado para evitar conflictos de mando", señaló. "Nombrar a un general en actividad implica un cooptamiento del Ejército por parte del gobierno".

  Altamira además criticó lo que describió como una redefinición política del rol de las Fuerzas Armadas. Según afirmó, en ámbitos militares se ha presentado al presidente como "líder" de las fuerzas.

   "Constitucionalmente el presidente es el Jefe Supremo, no un líder partidario", sostuvo. "Si las fuerzas responden a un líder político dejan de ser instituciones nacionales y pasan a comportarse como milicias de un partido".

Deuda y privatizaciones

   En el plano económico, el dirigente cuestionó el proceso de privatizaciones y la política de endeudamiento. Según indicó, el plan económico está impulsado por funcionarios vinculados a grandes intereses corporativos y orientado a reducir el rol del Estado.

   Altamira señaló además que la composición de la deuda pública revela un aspecto poco discutido del sistema financiero argentino. "El 68% de la deuda está en manos de capitalistas locales", afirmó, mencionando grupos industriales y bancos nacionales.

   Para el dirigente, esto configura "una gran estafa", en la que sectores de la burguesía local se benefician del endeudamiento del Estado. "El endeudamiento no se utilizó para infraestructura o desarrollo, sino para financiar la fuga de capitales", sostuvo.

Conflicto ambiental y minería

   El documento también advierte sobre la política ambiental, especialmente en relación con la minería en zonas de glaciares.

   Según Altamira, el gobierno promueve modificaciones en la legislación vigente que permitirían avanzar con proyectos mineros en áreas protegidas. "Se está impulsando la destrucción de glaciares para atraer dólares destinados al pago de deuda", afirmó.

   En su diagnóstico, esta política no sería exclusiva de la actual administración. "Existe una continuidad entre distintos gobiernos y sectores políticos en favor del extractivismo", señaló, apuntando también a gobernadores de provincias mineras y a dirigentes que han ocupado cargos en diferentes administraciones.

Derechos humanos y política exterior

   Finalmente, Altamira cuestionó la posición internacional del país en materia de derechos humanos. En particular criticó el apoyo del gobierno a la masacre que perpetra Israel en Gaza.

    "El país que supo reivindicar el ‘Nunca Más’ hoy respalda masacres internacionales", afirmó. Según sostuvo, esa postura implica "una ruptura histórica con los valores democráticos construidos tras la dictadura".

   En ese marco, el dirigente también señaló el silencio de gran parte del sistema político frente a estos acontecimientos. "La ausencia de reacción del arco político tradicional frente a estas violaciones de derechos humanos es profundamente preocupante", concluyó.