Alertan por el impacto del ajuste en barrios populares

La Mesa Nacional de Barrios Populares, en la que participa Cáritas Argentina, expresó su preocupación ante el recorte presupuestario y la virtual paralización de la política de hábitat que alcanza a cinco millones de personas en todo el país.

En una conferencia realizada en el centro porteño, representantes de la Iglesia, organizaciones sociales y referentes territoriales advirtieron que la reducción de fondos y el cierre operativo de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana comprometen derechos básicos y vulneran una ley vigente.

El panel estuvo integrado por monseñor Gustavo Carrara, presidente de Cáritas Argentina; Juan Maquieyra, director ejecutivo de Techo-Argentina; Fernanda García Monticelli, exfuncionaria del área; y Lila Calderón, fundadora de la Mesa Nacional.

Quienes expusieron coincidieron en que no se trata de una política partidaria, sino de una herramienta de transformación social consolidada como política de Estado desde 2016 y ratificada por unanimidad en el Congreso en 2018. Recordaron que fue auditada por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y por entidades nacionales como la Sindicatura General de la Nación y la Universidad Católica Argentina (UCA), que certificaron su transparencia y ejecución territorial.

"Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte", advirtió el arzobispo Carrara y subrayó que urbanizar implica garantizar agua potable y electricidad segura, pero también promover el protagonismo comunitario.

El titular de Cáritas destacó el papel de los vecinos en el relevamiento territorial y en la mejora de sus propios barrios, donde muchos trabajan en la construcción, la industria textil o en cordones frutihortícolas.

Impacto de la integración urbana

Desde el territorio, Calderón recordó que existían barrios con más de setenta años de abandono, sin servicios básicos, en los que las conexiones eléctricas precarias generaban incendios y muertes evitables. "Nos quedaron vecinos en el camino por vivir en zonas inundables o por incendios causados por instalaciones informales", señaló.

García Monticelli precisó que durante la aplicación de la política el 80% de los barrios populares recibió inversión pública, con más de 1200 proyectos en marcha, 24.000 lotes con servicios y 250.000 mejoras habitacionales a través del programa Mi Pieza. "No se está desmantelando una oficina, sino la pieza ejecutora en territorio y una defensa ante desalojos", advirtió.

Maquieyra remarcó que el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y la Ley 27453 surgieron "de abajo hacia arriba" y se transformaron en política nacional con respaldo unánime del Congreso. "Hubo decenas de miles de obras auditadas para que niños y niñas tengan un lugar donde crecer", afirmó, y planteó el interrogante: "¿En qué Argentina queremos vivir? ¿En una donde, si nacés en un barrio popular, vas a vivir once años menos?"

Obras frenadas y marco legal vigente

Durante la conferencia se informó que más de 700 obras se encuentran paralizadas y que más de 11.000 mujeres resultaron afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza. Los referentes sostuvieron que la situación implica el incumplimiento de una ley nacional sancionada por unanimidad en 2018.

Asimismo, recordaron que el Juzgado Federal de Pehuajó dictó medidas cautelares que ordenan al Estado nacional garantizar la continuidad de la política pública y suspenden cualquier intento de disolución del Fondo de Integración Socio Urbana, al considerar que su paralización vulnera normas vigentes y mandatos constitucionales.

Respaldo institucional

El reclamo fue acompañado por una declaración con más de 200 adhesiones. Entre las entidades firmantes se encuentran Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Fundar y la Pastoral Social Argentina, además de sindicatos, universidades nacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Los convocantes insistieron en que, en contextos de crisis económica, la obligación estatal de proteger derechos sociales debe reforzarse y no retraerse, y reclamaron la continuidad de una política que, afirmaron, garantiza tierra, techo y trabajo para millones de argentinos.

Fuente: AICA