Bajar la edad de imputabilidad: castigar a hijos ajenos para ocultar el fracaso de los adultos

Señor director de NORTE:

Cada vez que la inseguridad vuelve a ocupar el centro del debate público, reaparece una propuesta tan simple como injusta: bajar la edad de punitividad penal; presentándola como una respuesta "firme" frente al delito, cuando en realidad es el reconocimiento explícito del fracaso del Estado, de la dirigencia política y de la sociedad adulta en su conjunto. Castigar antes no resuelve los problemas de seguridad, solo desplaza responsabilidades y vulnera derechos.

- Una medida contraria a los tratados internacionales. La Argentina ha suscripto -y tiene jerarquía constitucional-, la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y que el sistema penal debe ser siempre el último recurso, orientado a la reintegración social y no al castigo. La Observación General número 10 del Comité de los Derechos del Niño recomienda explícitamente no reducir la edad mínima de responsabilidad penal y avanzar, en cambio, en políticas integrales de protección, educación y prevención.

Asimismo, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, particularmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, promueve sociedades pacíficas e inclusivas, con sistemas de justicia que prioricen la prevención de la violencia y la protección de las infancias. Bajar la edad de imputabilidad va exactamente en la dirección contraria. No se trata de una discusión ideológica: es una cuestión de cumplimiento de compromisos internacionales y de respeto a los derechos humanos.

- La evidencia muestra que no funciona. Los países que redujeron la edad de imputabilidad no lograron disminuir los niveles de violencia ni de delito, por el contrario, se comprobó que el ingreso temprano al sistema penal incrementa la reincidencia, consolida trayectorias delictivas y profundiza la exclusión social.

La cárcel y el encierro no educan, no reparan ni previenen, funcionan, en el mejor de los casos, como depósitos de la desigualdad que la sociedad no quiso resolver antes. Creer que un adolescente preso garantiza más seguridad es una ilusión peligrosa: tranquiliza conciencias adultas, pero no construye futuro.

- Una violación a los derechos humanos. Bajar la edad de imputabilidad implica criminalizar la pobreza y convertir a los niños y adolescentes más vulnerables en chivos expiatorios de un problema estructural; no se persigue el delito en su complejidad, sino a quienes carecen de redes, oportunidades y protección. Se castiga a quienes crecieron en contextos de exclusión, escuelas deterioradas, sistemas de salud insuficientes y territorios abandonados por el Estado; es una forma de violencia institucional que reproduce desigualdades y vulnera derechos fundamentales.

- Seguridad: una responsabilidad colectiva. La seguridad no es solo una cuestión policial ni penal, es el resultado de políticas educativas, sociales, urbanas, sanitarias y culturales sostenidas en el tiempo; cuando esas políticas fallan, el delito juvenil no es la causa, sino el síntoma. Bajar la edad de imputabilidad es admitir que los adultos no supimos –o no quisimos– garantizar condiciones dignas de vida; es más fácil endurecer penas que invertir en infancias.

Y hay una verdad incómoda que rara vez se dice: quienes impulsan estas medidas no piensan en sus propios hijos. La baja de la imputabilidad siempre apunta a los hijos ajenos, a los que sobran, a los que incomodan, nunca a los propios.

- Castigar antes es rendirse. Reducir la edad de imputabilidad no es una solución: es una derrota ética, política y social. Es resignarse a no educar, no incluir y no cuidar. Es reemplazar derechos por castigo y futuro por encierro.

Una sociedad que encarcela a sus niños para sentirse más segura es una sociedad que ha renunciado a hacerse cargo de sí misma. La verdadera discusión no es cuán temprano castigar, sino por qué llegamos a ese punto y qué estamos dispuestos a hacer como sociedad adulta para no seguir fracasando.

GERARDO ROBERTO MARTÍNEZ

GENERAL SAN MARTÍN