Más países ponen barreras de edad en redes sociales

Hasta ahora, la legislación española permitía abrir cuentas en redes sociales a partir de los 14 años, edad en la que, para la ley, un menor puede consentir por sí mismo el tratamiento de sus datos personales. Por debajo de ese umbral, el acceso era posible únicamente con autorización paterna o del tutor legal. Sin embargo, los datos muestran que estas limitaciones no han sido suficientes, ya que se estima que cerca de 90 % de los estudiantes españoles de entre 9 y 16 años utiliza redes sociales de forma habitual. Ante este escenario, el gobierno español consideró necesario elevar la edad mínima a los 16 años e imponer a las plataformas la obligación de implantar sistemas de verificación de edad efectivos y barreras reales que impidan el acceso indebido.

En septiembre del año pasado, el Congreso español ya había aprobado la tramitación de un proyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que contemplaba precisamente este aumento de la edad mínima. El anuncio de Sánchez refuerza esa línea política y la amplía con una perspectiva más ambiciosa, que incluye la exigencia de responsabilidades legales para los directivos de las plataformas digitales en caso de infracciones. Según el mandatario español, las redes sociales deben dejar de ser espacios sin control y convertirse en entornos más saludables y seguros, especialmente para los menores.

Entre las medidas anunciadas se encuentran la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales, así como la creación de un sistema de rastreo que permita medir y seguir lo que el Ejecutivo denomina una "huella de odio y polarización". Sánchez fue muy crítico con el funcionamiento actual de las redes sociales, a las que describió como un "Estado fallido" en el que se ignoran las leyes, se toleran delitos y la desinformación tiene más peso que la verdad.

Cada vez son más los países que restringen el uso de redes sociales entre los menores. En Europa, Francia, Dinamarca, Grecia, Eslovenia y Chipre pusieron en marcha mecanismos de control para los usuarios jóvenes, mientras que la Comisión Europea, aunque se opone por ahora a una intervención conjunta, permite y respalda la actuación individual de los Estados miembros. España, de hecho, se unió a otros cinco países europeos en la llamada Coalición de los Dispuestos Digitales, con el objetivo de avanzar de forma coordinada hacia una regulación más estricta y eficaz de las plataformas sociales.

En América Latina, Colombia y Brasil fueron pioneros en el impulso de mayores controles sobre el acceso de los menores a las redes sociales. Por otra parte, está el caso de Australia, que desde diciembre del año pasado prohíbe que los menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales. Este país fue el primero en aplicar una restricción de este tipo mediante una reforma legislativa que obliga a las plataformas a impedir la creación de perfiles por debajo de la edad permitida y a eliminar los ya existentes. La norma australiana abarca plataformas ampliamente utilizadas por adolescentes, como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat, Reddit, Twitch y otras, y ha servido de modelo para el debate en otros gobiernos.

La iniciativa española, al igual que la australiana, traslada una parte importante de la responsabilidad a las empresas tecnológicas que deberán demostrar que cuentan con mecanismos eficaces de control de edad. Al mismo tiempo, abre un debate social y político sobre el equilibrio entre la protección de los menores, la libertad individual y el papel de la tecnología en la vida cotidiana. Es evidente que hay una corriente internacional cada vez más consolidada, en la que los Estados buscan adaptar sus marcos legales a una realidad digital que avanza más rápido que la regulación.