La Justicia procesó a Moretti en la causa por corrupción

El presidente Marcelo Moretti fue procesado por administración fraudulenta y no podrá salir del país.

La Justicia Argentina dictó el procesamiento de Marcelo Moretti, expresidente de San Lorenzo, por el delito de administración fraudulenta. La causa judicial lo acusa de haber recibido una coima para fichar a un juvenil en el club conocido como el "Ciclón".

La decisión fue tomada por la jueza Laura Bruniard, quien además impuso al dirigente la prohibición de salir del país y un embargo que supera los 38 millones de pesos. Moretti, quien anteriormente había asegurado ser "completamente inocente" en relación con el caso, fue captado en una cámara oculta mientras guardaba 25.000 dólares en su saco.

El procesamiento se concretó a pedido de la fiscal Mónica Cuñarro. La fiscalía argumentó que Moretti había tenido un accionar dilatorio en la investigación, ya que se ausentó seis veces al llamado para prestar declaración indagatoria. Cuando finalmente se presentó, el expresidente del club se negó a responder preguntas.

Además, en su pedido de procesamiento, aseveró que Moretti "tenía el deber legal y estatutario de resguardar los intereses patrimoniales de la institución, se aprovechó de su condición y priorizó un interés personal, ilegal, dolosamente pergeñado para hacerse del dinero".

Este avance judicial se conoce apenas un día después de que se dictara la acefalía en San Lorenzo. En un contexto de protestas de hinchas y una tensa reunión directiva, más de la mitad de los miembros de la comisión presentaron sus renuncias, lo que resultó en el apartamiento de Moretti de la presidencia.

La defensa anuncia apelación

Gastón Marano, abogado de Moretti, rechazó inmediatamente el procesamiento, asegurando que "no responde a ningún criterio jurídico posible" y adelantó que apelarán la medida.

El abogado defensor también sugirió que el timing de la decisión judicial, ocurrida en las últimas horas, "tiene mucho más que ver con lo político que con lo jurídico". Marano basó su crítica en que existe "una situación de competencia todavía no resuelta, que está en tratamiento del Superior de Justicia".