Llaryora advierte un "precipicio" financiero por la suspensión de fondos nacionales para jubilaciones

   El gobernador Martín Llaryora alertó que la Provincia se acerca a un "precipicio" financiero debido a la falta de envíos nacionales para cubrir el déficit previsional, una situación que remite al conflicto vivido durante la gestión de Amado Boudou, cuando la Anses suspendió los giros a la provincia.

   El proyecto de Presupuesto 2026 expone con claridad la magnitud del problema. El gasto total del sistema previsional cordobés ascendería a $2,63 billones, mientras que los aportes y contribuciones de los trabajadores activos alcanzarían apenas $1,81 billones, es decir, el 69% del total. El déficit operativo proyectado trepa así a $821.292 millones. A esto se suma un reclamo histórico de Córdoba a la Nación por una deuda previsional que la Provincia considera incobrable y que ronda el billón de pesos.

   Un dato clave del cálculo oficial es que, ante la incertidumbre sobre los giros nacionales, la Provincia prevé cubrir con recursos propios al menos $417.292 millones, equivalentes al 51% del déficit. El incumplimiento de la Nación rompe con el esquema de compensaciones que reconocía el desfasaje del sistema cordobés tras la armonización previsional.

   En 2025, luego de la intervención de la Corte Suprema, la Nación había comenzado a enviar $5.000 millones mensuales en 12 cuotas fijas. Sin embargo, incluso ese monto hoy está en duda. Los técnicos de la Caja estiman que para sostener el sistema serían necesarios alrededor de $20.000 millones mensuales, cuatro veces más de lo efectivamente comprometido.

   Ante este escenario, el oficialismo se anticipa a un año complejo. El legislador socialista Matías Chamorro, aliado del PJ, presentó un proyecto para declarar la "Emergencia de la Caja de Jubilaciones", una iniciativa que busca preparar el terreno para medidas de ajuste y, al mismo tiempo, enviar una señal de alarma a los gremios estatales.

   La estrategia del Gobierno apunta a preservar al grueso de los jubilados. El objetivo sería garantizar que cerca del 85% recupere el 82% móvil mediante un adicional no remunerativo. No obstante, se aplicaría una cláusula de "solidaridad previsional" para los haberes más altos: quienes cobren más de $2,5 millones percibirían el excedente a través de Títulos de Cancelación Previsional, instrumentos transferibles con una tasa equivalente a la pasiva promedio. La medida impactaría especialmente en sectores históricamente combativos, como Luz y Fuerza, los municipales de la ciudad de Córdoba y el Poder Judicial.

   El presidente del bloque oficialista en la Legislatura, Facundo Torres, fue quien llevó el discurso al extremo al afirmar que la Caja atraviesa una "situación crítica" y que, sin una intervención urgente, "ya se empieza a ver el precipicio". Torres también impulsa un aumento del 4% en los aportes personales, que recaería sobre municipales, Luz y Fuerza y bancarios, sectores con alta conflictividad sindical y baja imagen pública.

   En cambio, el Gobierno descarta ampliar la base de aportantes extendiendo la vida activa de los 25.000 policías y 50.000 docentes, que representan cerca del 80% de la planta estatal.

   A diferencia de la crisis de 2012, cuando José Manuel de la Sota enfrentó a Amado Boudou y Cristina Fernández y creó la "tasa vial" como impuesto de emergencia, Llaryora debe lidiar con un escenario político más restrictivo: sin margen para nuevos tributos y frente al vencedor de las elecciones nacionales en Córdoba.