Una ofensiva integral contra el derecho del trabajo

   Los borradores que han sido filtrados muestran una reconfiguración estructural que apunta a desmantelar pilares centrales de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), debilitar convenios colectivos, limitar la responsabilidad empresarial y avanzar hacia formas de contratación sin derechos.

   Uno de los puntos más polémicos es la modificación del artículo 23 de la LCT (incluida en el nuevo Art. 13 del borrador), que establece que la emisión de facturas o recibos —como monotributista— elimina automáticamente la presunción de relación laboral.

   Con esta inversión de la carga de la prueba, basta con que un empleador exija factura para que el trabajador pase a ser legalmente un "prestador independiente". Críticos del proyecto advierten que "¿quién va a contratar en blanco, si es tan fácil tercerizar al trabajador?". La figura del "falso autónomo" quedaría así normalizada.

   Otro eje clave es la responsabilidad societaria. El borrador deroga los artículos 27, 28 y 54 de la LCT, que permitían avanzar contra los verdaderos dueños en casos de empresas insolventes o estructuras montadas para defraudar. La eliminación de estos artículos, señalan laboralistas, equivale a la legalización del fraude y la impunidad empresarial, dificultando perseguir a grupos económicos que operan con sociedades "cáscara".

   Los repartidores y trabajadores de plataformas son otro blanco del proyecto. El Artículo 1 inciso f) los excluye expresamente de la LCT, creando un régimen de "independientes" donde la empresa aporta un seguro, pero el propio articulado aclara que eso "no será indicio de laboralidad" (Art. 106). La norma también habilita a las plataformas a bloquear unilateralmente a los trabajadores, que solo podrían pedir explicaciones, sin derecho a reinstalación ni estabilidad. Analistas lo califican como una "uberización total".

   En materia de despidos, la reforma propone bajar topes indemnizatorios y generalizar los Fondos de Cese, lo que implica que los propios trabajadores financien su futuro despido. En un contexto recesivo, advierten especialistas, abaratar la salida facilita reemplazos permanentes de trabajadores con antigüedad por mano de obra más barata.

   El capítulo filtrado sobre convenios colectivos eleva aún más el conflicto. El proyecto elimina la ultraactividad, principio por el cual un convenio vencido continúa vigente hasta que se acuerde uno nuevo. La reforma propone que, una vez vencido, solo subsistan las cláusulas normativas hasta la firma de otro convenio, mientras que las obligacionales quedarán sujetas a acuerdo entre partes o prórroga del Ejecutivo. En la práctica, los sindicatos quedarían ante un ultimátum: aceptar las modificaciones patronales o perder derechos conquistados.

   Asimismo, la reforma otorga jerarquía a los convenios "de menor ámbito". Es decir, los acuerdos por empresa prevalecerán sobre los convenios por rama, abriendo la puerta a fragmentar la negociación colectiva y flexibilizar condiciones en cada establecimiento. El texto indica explícitamente: "Un convenio de ámbito menor prevalece frente a otro de ámbito mayor".

  El borrador también habilita beneficios diferenciados para afiliados sindicales, lo que institucionaliza una discriminación largamente deseada por sectores de la burocracia: premiar a los afiliados y excluir a los no afiliados, pese a que estos últimos siguen financiando a los sindicatos mediante aportes compulsivos acordados con las empresas.

   Mientras tanto, las centrales sindicales reaccionan de forma desigual. La CTA Autónoma presentó documentos técnicos con propuestas de "ampliación de derechos", como una Renta Básica Universal o la regulación del trabajo en plataformas.

   Sin embargo, sectores críticos denuncian que esta estrategia constituye una maniobra colaboracionista, al no acompañarse de un plan de lucha y sustituir reivindicaciones laborales por políticas asistenciales. Señalan, además, que varias de estas propuestas coinciden con el enfoque del Banco Mundial, lo que consideran funcional al desmantelamiento del derecho laboral.

   En paralelo, dirigentes de la CGT mantienen conversaciones con el gobierno y con referentes opositores. Durante una cena en el sindicato de Sanidad, Sergio Massa afirmó que, de haber ganado en 2023, él también habría impulsado una reforma, calificándola de "ineludible" debido a los cambios tecnológicos y al alto nivel de informalidad.

   La CGT, lejos de rechazar el proyecto "a libro cerrado", negocia mantener facultades sindicales y cuotas de poder. Para sectores combativos, esto confirma que la reforma cuenta con el apoyo del establishment político, desde Milei hasta gobernadores del Norte y figuras del peronismo.

   Los críticos señalan que el verdadero clivaje no es entre libertarios y peronistas, sino entre la clase trabajadora que rechaza una reforma regresiva y una dirigencia política y sindical que acompaña su avance. Frente a una contrarreforma que consideran histórica, varios analistas sostienen que solo una respuesta organizada, incluida la huelga general, podría frenar un proyecto que redefine de raíz las relaciones laborales en Argentina.