Rubén Guillón: "No podemos permitir que un funcionario que consume siga en actividad"

La Legislatura chaqueña aprobó la ley que establece la rinoscopia obligatoria para todos los funcionarios de los tres Poderes del Estado. La norma, que comenzará a regir plenamente una vez reglamentada, fija un plazo de dos meses para que autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial—incluidos gobernador, ministros, jueces, fiscales, intendentes, concejales y organismos constitucionales—se sometan a este control, que luego será anual.

El diputado justicialista Rubén Guillón, uno de los impulsores del proyecto, destacó en NORTE TV la importancia de la medida y recordó que la iniciativa llevaba una década de intentos legislativos. "Es un proyecto que se venía manejando desde hace mucho tiempo, desde 2014. A veces pensábamos que no iba a salir, pero renovábamos el compromiso porque teníamos la plena convicción de que era necesario saldar esta vieja deuda con la ciudadanía chaqueña", afirmó.

Guillón argumentó que la ley apunta a despejar sospechas y fortalecer la confianza pública. "Negar que el narcotráfico se escabulle por los pasillos del poder es algo que a la gente le causa gracia. La ciudadanía dice: en tal kiosco se vende droga, la Policía pasa y no hace nada, y seguramente los políticos están metidos. Esa trilogía de sospechas necesitaba ser enfrentada", señaló.

El legislador sostuvo que el consumo de sustancias por parte de funcionarios no es un tema privado cuando se trata del ejercicio de la función pública. "Un concejal representa a su comunidad, un gobernador a su pueblo, un juez administra justicia. ¿Se imaginan un juez o un fiscal dictando sentencia consumiendo sustancias? Más grave aún sería que tenga que fallar sobre quien le provee", expresó.

La ley prevé un mecanismo similar al que ya rige en las fuerzas de seguridad: reserva de identidad, notificación confidencial del resultado y ofrecimiento de acompañamiento estatal. Quienes den positivo podrán acceder a licencias especiales y a un proceso de rehabilitación voluntario. "No se busca estigmatizar a nadie. Primero se garantiza la confidencialidad, luego se ofrece iniciar un proceso de rehabilitación. Si el funcionario acepta, se protegen sus derechos laborales", explicó Guillón.

Pero también aclaró que habrá consecuencias para quienes rechacen el control o se nieguen a iniciar un tratamiento tras un resultado positivo. "No es admisible permitir que un funcionario que consume sustancias siga ejerciendo. Si se niega, deberá iniciarse un sumario administrativo para impedir que continúe en el cargo, en resguardo de su salud y del bien común", indicó.

El diputado valoró además gestos de acompañamiento dentro del propio recinto. "Año tras año, de forma voluntaria, me hago la rinoscopia. Logré contagiar esa actitud: el diputado Lazzarini presentó en la misma sesión el resultado de la prueba que acababa de hacerse. Ojalá que cunda esta buena actitud y que podamos ir avanzando y sobre todo ahorrándole trabajo y tiempo a los médicos que tienen que laburar seguramente", afirmó.

La implementación plena de la norma requerirá la adecuación logística del sistema de salud y la coordinación entre los tres poderes del Estado. No obstante, Guillón confió en que el nuevo régimen contribuirá a elevar los estándares de transparencia.

"El narcotráfico trabaja día a día para pervertir la conducta de los funcionarios. Esta ley busca cerrar puertas y garantizar que quienes toman decisiones lo hagan en plenas facultades físicas y psíquicas", concluyó.