Relaciones de políticos con narcos y capitalistas de juego ilegal

   En el caso de Espert, primer candidato del gobierno en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de octubre, investigaciones de los diarios DiarioAR y Perfil exhibieron registros contables de un fideicomiso ligado a Machado en los que se asentó una transferencia de u$s 200.000 a favor del candidato liberal en febrero de 2020.

   El caso motivó posteriormente una denuncia penal impulsada por el dirigente peronista Juan Grabois, que busca esclarecer un posible financiamiento irregular de la campaña de Espert. La controversia escaló al plano político: el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, exigió la inmediata remoción del legislador de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. "No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos al frente de la comisión", sostuvo.

   Machado, detenido desde 2021 en EEUU, enfrenta cargos por integrar una red de producción y distribución de cocaína, además de maniobras de lavado de activos. Su nombre aparece en distintas investigaciones que involucran a socios y aportantes en la Argentina.

   Espert rechazó de plano las acusaciones y habló de una "campaña sucia" en su contra. Admitió que en 2019 viajó en un avión privado de Machado para presentar un libro en Viedma, pero buscó despegarse: "Si hubiera sabido quién era esta persona, no le hubiera agradecido a los cuatro vientos", dijo en televisión. También negó haber recibido dinero del empresario detenido y aseguró que se intenta dañar su candidatura en plena campaña electoral.

   La causa promete abrir un nuevo capítulo en el debate sobre el financiamiento de la política en Argentina, donde el límite entre aportes privados y fondos de origen dudoso vuelve a quedar en discusión.

Juego clandestino: el testimonio que incomoda a la política y la Justicia

   En Rosario, el juicio contra el exfiscal regional Patricio Serjal expone una trama de coimas y favores vinculados al juego ilegal. El empresario Leonardo Peiti, conocido como el "zar de los casinos clandestinos", declaró como testigo clave y aseguró haber pagado u$s 200.000 para la campaña electoral del peronismo en 2019, además de entregar u$s 5.000 dólares mensuales a funcionarios judiciales.

   Según una publicación de la publicación Iceberg Rosario, Peiti señaló que mantenía reuniones periódicas con el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, a quien entregaba dinero para "tener tranquilidad" frente a posibles allanamientos o acusaciones. Dijo que Serjal, acusado de liderar una asociación ilícita, estaba al tanto, aunque su contacto directo fue limitado. En su declaración, relató incluso cómo en una ocasión los sobornos eran guardados "en las medias" de los fiscales.

   El empresario detalló también su relación con el senador Armando Traferri, a quien describió como el dirigente que facilitó la llegada de Serjal a la Fiscalía Regional. Según la investigación, Traferri actuaba como un lobista en favor de Peiti en el intento de avanzar hacia el juego online legal. El legislador niega los cargos y denuncia una operación armada por el exministro de Seguridad Marcelo Saín.

  El juicio revive además la relación de Peiti con la banda narco Los Monos. En 2019, el empresario denunció haber sido extorsionado: primero le exigieron u$s 500.000 y luego un "abono" mensual de u$s 20.000. El acuerdo terminó en u$s 15.000 dólares más la entrega de máquinas de apuestas. Peiti aseguró que ante esa presión acudió a fiscales, jefes policiales y legisladores, a quienes pidió protección.

   El caso también salpicó al Ministerio Público de la Acusación. Los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno expusieron supuestos vínculos de su colega Matías Edery con la familia Ortigala, ligada a Los Monos y acusada de extorsiones. Edery fue suspendido seis meses en medio de fuertes internas judiciales.

  Serjal, por su parte, estuvo detenido un año y medio y rechaza cualquier acuerdo abreviado: afirma ser inocente y sostiene que enfrenta una condena mediática. La fiscalía, en cambio, pidió 12 años de prisión y asegura que hay pruebas sólidas de que se brindó "cobertura judicial" a la estructura del juego clandestino.

   El testimonio de Peiti resulta central para comprender cómo confluyeron intereses de empresarios ilegales, funcionarios judiciales y actores políticos en un entramado de corrupción que por primera vez llega a juicio oral. Para la justicia santafesina, se trata de una oportunidad inédita de exponer vínculos que durante años permanecieron en la sombra.