Especialista alerta sobre la falta de controles en las piletas del Chaco
Francisco Oporto, un experto en la materia, advirtió la poca adherencia a la Ley Lourdes. Reclamó registros, formación y responsabilidad estatal y civil.
El delegado provincial del Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (Sugara), Francisco Oporto, en diálogo con NORTE cuestionó duramente el escaso cumplimiento de la Ley Lourdes, sancionada en memoria de la niña Lourdes Chevallier, fallecida en una colonia de vacaciones.
Ante el inicio de una nueva temporada veraniega, Oporto explicó que de los 60 municipios del Chaco apenas dos adhirieron a la normativa, y advirtió que la ausencia de controles y de relevamientos sobre piletas públicas y privadas genera un escenario de riesgo.
"Lo que ocurrió con Lourdes era algo que decíamos que podía pasar, como lo seguimos diciendo ahora, porque tenemos más de 100 piletas y 100 piscinas en el Chaco que son públicas", sostuvo el referente sindical. Por otra parte, agregó que "la provincia y cada localidad debería tener un relevamiento de la cantidad de piscinas privadas, como también tiene que haber un registro de guardavidas y registro de colonias".
LEY SIN APLICACIÓN PLENA
"La Ley Lourdes vino a cubrir un hueco legal", señaló Oporto, recordando que la norma provincial establece pautas claras sobre la habilitación de colonias, la cantidad de niños que pueden estar bajo cuidado y la obligatoriedad de contar con guardavidas registrados.
Sin embargo, la realidad está lejos de esa letra: "En muchos clubes se cree que un profesor de Educación Física reemplaza al guardavidas, y eso no es así. El único responsable legal del cuidado de las vidas en el agua es el guardavidas", enfatizó.
El referente explicó que la ley fija límites precisos: un guardavidas puede supervisar hasta 50 personas en un natatorio, y los profesores solo pueden atender grupos reducidos de entre 15 y 12 integrantes de acuerdo a la edad de los menores. "Si se incumplen esos parámetros, el riesgo se multiplica", puntualizó.
SIN CONTROLES NI CONCIENCIA SOCIAL
Oporto fue categórico al remarcar la responsabilidad estatal: "El municipio y la provincia tienen que tener un relevamiento de todas las piscinas. Así como se controla el agua, los matafuegos o la habilitación comercial, también se debe controlar si hay guardavidas y si los profesores tienen título".
Para el delegado de Sugara, cada tragedia genera reacción, pero los controles no se sostienen en el tiempo: "Cada vez que muere un niño, recién ahí toman conciencia. Lo que falta es prevención y fiscalización permanente".
Además, denunció irregularidades en la formación: "Hay municipios que ofrecen cursos de guardavidas de apenas dos meses, cuando la capacitación real demanda 720 horas de cursado teórico y práctico. Esa precarización es un riesgo enorme".
PILETAS PRIVADAS Y DE ALQUILER
El dirigente sindical también se refirió a los natatorios de uso privado que se alquilan para eventos. "Muchos dueños desconocen que son responsables si ocurre un accidente. Si lucran con la pileta, la responsabilidad es compartida con quien contrata", explicó.
Según Oporto, estas instalaciones deberían estar obligatoriamente cercadas, con pasadores de altura que impidan el acceso a niños pequeños.
En este punto, insistió en la importancia de la conciencia social: "Un guardavidas nunca le da la espalda a la pileta. Los padres tampoco deberían hacerlo. Si hay un niño en el agua, siempre tiene que haber un adulto vigilando. La prevención empieza en casa".
